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Captaban a sus clientes en las propias obras de construcción de Málaga. Les ofrecían un servicio integral: retirar los residuos de la obra para su gestión legal, pero, en lugar de trasladarlos a una planta de tratamiento autorizada, lo desviaban a parcelas propias o de terceros con cuyos dueños habían pactado previamente. Así, durante años, consiguieron verter ilegalmente más de 167.000 toneladas de residuos de obra, entre los que había amianto, un material altamente peligroso.
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