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La Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència reclamará más de cuatro millones de euros de la Renta Social Garantizada (Resoga) a los beneficiarios que la percibieron de manera irregular durante la anterior legislatura, en el último mandado de Francina Armengol al frente del Ejecutivo balear. Según la auditoria interna llevada a cabo por el Govern sobre la gestión de esta ayuda social, se han contabilizado más de 2.000 perceptores que no deberían haberlo sido por no cumplir los requisitos o cobraban otras subvenciones incompatibles con ésta.
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