El Plural
La Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, ha decidido experimentar con las personas sin hogar ofreciendo un contrato de más de 2,6 millones de euros con una fórmula de colaboración público-privada en la que la empresa adjudicataria recibirá retribución en función de los resultados de sus servicios. Una apuesta que ya está recibiendo críticas negativas y el clamor de que las políticas sociales no pueden caminar por una senda tan mercantilista y deshumanizante, pero que está avalada por un convenio firmado con el Gobierno de España. Los pagos a la empresa contratada dependerán de una verificación de los resultados realizada por una tercera compañía independiente. El proyecto piloto está financiado con fondos de la Unión Europea, y a quien se haga con el contrato se le encomendará la labor de gestionar diez plazas para personas sin hogar durante dos años, atendiendo a entre 30 y 50 personas que hayan entrado en esa situación recientemente o estén en riesgo de hacerlo. Funcionará de la siguiente forma: cada usuario que sea considerado un "caso de éxito principal" conllevará una remuneración de 42.000 euros, cifra que supondría un 25% de ahorro estimado con respecto a una plaza pública tradicional de manera comparativa, según los cálculos de la Comunidad de Madrid. La administración madrileña divide por 'logros' los requisitos para pagar a la empresa: por cada participante que muestre compromiso con el programa, 6.000 euros; participar en el diseño de su programa para dejar el sinhogarismo, 3.000; mejorar el bienestar autopercibido, 3.000, incrementar sus ingresos, 6.000; y lograr un lugar en el que vivir, 24.000. Es, literalmente, un experimento en el que las personas sin hogar son conejillos de indias del rendimiento empresarial y, paralelamente, víctimas de la violencia estructural que no llegan a resolver estos programas, como el elevado costo de la vida y en particular de la vivienda o la dureza de la exclusión social y el abandono que traen consigo el sinhogarismo. Por otro lado, los usuarios considerados como "casos de éxito secundarios" se cobrarán en función de los hitos de esa lista que hayan cumplido, cuyo cumplimiento será verificado de manera externa. "Es un contrato de pago por resultados y dirigido a entidades con experiencia en intervención y fondos de inversión, lo cual me parece un peligro por abrir la intervención a actores sin experiencia previa y que se fomente la especulación y el beneficio de fondos de inversión y no la mejora de las condiciones de vida de las personas sin hogar", denuncia un experto entrevistado por El País al respecto. En consonancia con otros proyectos autonómicos A su vez, la publicación de esta licitación casa a las mil maravillas con el anteproyecto de Ley de Calidad y Libre Elección de los Servicios Sociales, impulsado por el gobierno autonómico con el objetivo de "reforzar la colaboración público-privada" en los servicios sociales, contemplando fórmulas como la compensación a las empresas por "inversión por impacto", el pago en función de resultados y los avales públicos, que a...
Go to News Site