El Plural
Después de dos meses de negociaciones tras la retirada de las cuentas presentadas en febrero por el Govern, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han firmado este martes un acuerdo presupuestario que hará posible que Cataluña disponga de unos nuevos presupuestos. El pacto rubricado en el Palau de la Generalitat cuenta con tres puntos clave: la creación de la Línea Orbital Ferroviaria de Rodalies, la cesión de parte de la participación del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona al Ejecutivo catalán y la constitución de una sociedad que controlará la ejecución de las inversiones presupuestadas por el Estado para el territorio catalán. Asimismo, el pacto firmado entre Illa y Junqueras incluye el refuerzo de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) con 527 millones de euros a través de un contrato programa que tendrá una duración de tres años. De esta manera, la hacienda catalana contará hasta el año 2029 con la financiación para poder llevar a cabo su despliegue, dotándola de los recursos humanos y técnicos necesarios para estar capacitada en un futuro a asumir la gestión del IRPF. Justamente, el traspaso de dicho impuesto era uno de los reclamos principales de los republicanos para apoyar unos nuevos presupuestos, hasta que el pasado marzo aceptaron dejar dicha cuestión a un lado a cambio de otros avances en "soberanía nacional". Los avances en soberanía significan el traspaso de competencias estatales, como es el caso del Consorcio de la Zona Franca. En el acuerdo presupuestario, se contempla que Cataluña asuma un 55% de la participación de la entidad pública gestora de infraestructuras industriales, comerciales y de servicios de la ciudad de Barcelona y su área metropolitana. En concreto, un 40% será propiedad de la Generalitat y un 15% del Ayuntamiento de la capital catalana. Dentro de las políticas de ganancias de soberanía recogidas en el acuerdo presupuestario, también se encuentra suprimir la tutela estatal en la gestión del litoral, traspasada en el año 2008, cuando Gobierno y Generalitat acordaron que esta última fuese la que tuviera las competencias para decidir las actuaciones que se llevan a cabo en la costa catalana como instalaciones marítimas. Actualmente, el Estado cuenta con la capacidad de condicionar o incluso vetar alguna intervención mediante un informe preceptivo. Por otro lado, se constituirá la sociedad mercantil para garantizar que el Estado ejecuta las inversiones presupuestadas para el conjunto del territorio catalán. Esta futura entidad participada estará participada por la Generalitat y el Estado y se encargará de llevar a cabo la función que estaba prevista que realizara el Consorcio de Inversiones presentado en abril por el Govern y Esquerra Republicana, pero que fue rechazado en el Congreso de los Diputados con los votos en contra de Junts, PNV, PP y Vox. Sin embargo, el nuevo organismo no deberá pasar por la Cámara baja. En materia de movilidad, el punto principal es la construcción de la Línea Orbital Ferroviaria de la red de Rodalies, la cual conectará las ciudades de...
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