Cope Zaragoza
El comité de empresa de Tubos Reunidos ha comparecido en la comisión de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Parlamento Vasco para exponer su análisis sobre la grave crisis que atraviesa la compañía. Los representantes de la plantilla han señalado directamente a la dirección y a las decisiones del pasado como el origen de los problemas actuales, desvinculando por completo a los trabajadores de la situación. Según el comité, las medidas drásticas propuestas por la empresa, como despidos y cierres, partían de un diagnóstico erróneo, ya que el núcleo del conflicto no es laboral, sino "financiero y de gestión". La plantilla sostiene que el verdadero lastre es una deuda millonaria que se remonta a más de una década y que, en su opinión, no se destinó a fortalecer la industria, sino a beneficiar a los accionistas, comprometiendo la viabilidad del proyecto a largo plazo. Desde el primer momento, el comité de empresa ha mantenido una postura firme: la crisis de Tubos Reunidos no es consecuencia de las condiciones laborales de su plantilla. Así lo han reiterado en el Parlamento Vasco, donde han calificado las medidas planteadas por la dirección —despidos, cierre de la acería y externalización de la logística— como soluciones basadas en un “diagnóstico erróneo del problema”. “No estábamos ante una cuestión derivada de la plantilla ni de sus condiciones laborales”, han afirmado, desmontando el marco con el que la empresa justificó la necesidad de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que finalmente ha sido suspendido. El problema de fondo, según el relato del comité, “ha sido y sigue siendo de carácter financiero, agravado por decisiones de gestión y de dirección que no han garantizado la viabilidad del proyecto industrial”. La raíz de esta situación se encuentra en una “abultada deuda” que tiene un origen muy concreto: marzo de 2008. En esa fecha, la empresa solicitó un crédito de 170 millones de euros que, en lugar de invertirse en la modernización o expansión del negocio, presuntamente “se repartió entre los accionistas”. Esta operación, según los trabajadores, fue un punto de inflexión fatal para la salud financiera de la compañía, que vio cómo su deuda se disparaba de la noche a la mañana. El comité ha sido explícito al detallar el impacto de aquella decisión. “De un día para otro pasó la deuda de 30 millones a 200 millones”, han explicado. La empresa pidió un crédito de 170 millones de euros, poniendo en grave riesgo la continuidad de la empresa. “Y esos 170 millones se los metieron los accionistas en el bolsillo”. El proceso que ha conducido a la actual solicitud de concurso de acreedores ha estado marcado, según la plantilla, por una “evidente falta de transparencia”. Los representantes de los trabajadores denuncian que no ha existido “un espacio real de negociación” ni se ha permitido la “participación efectiva” del comité. Las decisiones, afirman, “se han planteado desde la imposición, sin compartir información clave ni permitir un contraste real de alternativas”. Este modo de proceder, "unilateral y opaco", ha quedado a su juicio en evidencia con la suspensión del ERE, una medida que la dirección presentó como “imprescindible” pero que, a juicio del comité, “no ha solucionado nada, precisamente porque no abordaba el problema real de la empresa”. La suspensión del ERE y la simultánea solicitud de concurso de acreedores confirman, para la plantilla, que las medidas estaban “mal orientadas desde el origen”. Aunque reconocen que el concurso “no es una buena noticia” porque refleja la “gravedad de la situación”, también lo ven como una oportunidad para abrir una “nueva fase”. Esta etapa, por primera vez, debería posibilitar “una interlocución real, con transparencia, con información completa y con la participación de todas las partes implicadas”. Es un punto de inflexión que, esperan, permita reorientar el debate hacia su verdadero eje: la viabilidad industrial y la sostenibilidad financiera del proyecto. En un "gesto" de buena voluntad y con el objetivo de facilitar una salida a la crisis, el comité de empresa de Amurrio decidió el pasado viernes dejar en suspenso la huelga indefinida. La plantilla, con esta acción, quiere demostrar que su apuesta es “clara por facilitar una solución que no sea ni despidos, ni cierre de la acería, ni externalización de la logística”. Dejan claro, además, que la huelga no fue la causa del conflicto, sino la “consecuencia de la situación creada por la dirección”. En este nuevo escenario, el comité ha interpelado directamente a las instituciones públicas, cuyo papel hasta ahora consideran “insuficiente en términos de exigencia, transparencia e impulso de soluciones”. Han formulado una serie de preguntas directas al Gobierno Vasco y demás entidades públicas implicadas. Quieren saber qué “medidas concretas van a impulsar para garantizar la continuidad del proyecto industrial de Tubos Reunidos” y qué gestiones se están realizando con potenciales inversores para asegurar el futuro de la acería, la logística y el conjunto de la plantilla. La exigencia es clara: un mayor compromiso y una tutela pública efectiva. Una de las cuestiones más relevantes planteadas por el comité es el futuro de la deuda, especialmente la que está vinculada a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Preguntan si se está contemplando una reestructuración de la deuda que incluya una quita y, en caso afirmativo, “en qué condiciones y con qué garantías de mantenimiento de la actividad industrial y del empleo”. Advierten que no puede repetirse una situación en la que se inyecten recursos públicos sin que estén condicionados a “resultados claros en términos de empleo, buena gestión y arraigo industrial”. La lección del pasado, insisten, debe servir para blindar cualquier ayuda futura. La responsabilidad, concluyen, recae ahora en la dirección de la empresa, en los acreedores y también en las instituciones. La plantilla siente que los hechos han confirmado su postura inicial: “el problema no estaba en ella”. Ahora es el momento de que las otras partes asuman su papel y trabajen para concretar “un proyecto industrial viable, un marco financiero sostenible y un compromiso real con el empleo y con el tejido industrial de Aiaraldea”. A pesar de la suspensión de la huelga, las reivindicaciones siguen intactas: “Queremos un futuro para todas las personas trabajadoras de Tubos Reunidos, para la acería y para la logística”. Finalmente, el comité ha querido desmontar la narrativa que, según ellos, ha sido “lanzada interesadamente desde la dirección” para desviar la atención. Han denunciado que se ha intentado construir un relato de confrontación entre trabajadores a raíz de la huelga, con el “único objetivo de desvirtuar el verdadero problema generado por ellos mismos y, a su vez, para dividir a la plantilla”. La unidad de los trabajadores, subrayan, ha sido clave para llegar a este punto, forzando la retirada de las medidas más lesivas y abriendo una nueva oportunidad para negociar un futuro real para la histórica compañía alavesa.
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