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La red del 'caso Plus Ultra' movió como oportunidad de negocio el Hard Rock que partió a la izquierda catalana
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La red del 'caso Plus Ultra' movió como oportunidad de negocio el Hard Rock que partió a la izquierda catalana

La constelación de empresas del caso Plus Ultra movió como una "oportunidad de negocio" millonaria el Hard Rock de Tarragona, un megaproyecto urbanístico deseado en su día por el PSC que acabó fragmentando a toda la izquierda catalana e, incluso, provocando un adelanto electoral. Así consta en el auto de imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúa como jefe en la sombra de una "estructura organizada y estable" que ejercía "influencia sobre instituciones públicas a favor de terceros a cambio de pagos" , que contaba con una estructura societaria "diseñada" para "ocultar el origen y destino de los fondos" –incluso con una mercantil offshore – y que tenía "contactos institucionales y empresariales de alto nivel". El nombre del proyecto aflora en medio de las relaciones comerciales entre Grupo Aldesa , integrado en el conglomerado estatal China Railway Construction Corporation, e Idella Consulenza Strategica . Esta última, administrada por Julio Martínez Martínez –amigo íntimo de Zapatero–, es la que controla la offshore Landside Middle East Fzco , una sociedad radicada en Dubái puesta en marcha, según recoge el instructor en su resolución, por orden del expresidente del Gobierno y que "podría haberse creado" para "canalizar" el "cobro" de una comisión del 1% por el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno aprobó para la aerolínea Plus Ultra. En total, unos 530.000 euros. El auto recoge que durante las pesquisas realizadas se han intervenido "varios contratos" entre ambas compañías. En este sentido, pone el foco sobre uno fechado el 1 de octubre de 2021 "para la búsqueda de oportunidades de negocio y su intermediación, con una contraprestación del 3% sobre el valor del contrato". En ejecución de ese acuerdo, prosigue el instructor, "se documenta" una "oportunidad de negocio" el 1 de abril de 2022 "relativa al proyecto 'Hard Rock' en Tarragona por 2.000 millones de euros" . "Posteriormente, se firman dos adendas: la adenda 1 –que el juez fecha el 6 de abril–, que fija la retribución entre el 1% y el 3%, y la adenda 2 –fechada el 9 de mayo–, que la establece definitivamente en el 3%", completa la resolución. Un par de semanas después de aquello, el 24 de mayo, Santiago Fernández Lena, abogado y secretario del Consejo de Administración de Plus Ultra, remitió a Enrique Iranzo y Cristóbal Cano, gestor del entorno societario controlado por el amigo del expresidente del Gobierno, "un borrador de contrato" entre Idella y Aldesa "con idéntico objeto y remuneración del 3%. Dos días más tarde, este último solicita, por indicación de Martínez, "que elimine del documento la palabra 'comisión", lo que evidencia, según se recoge en el propio auto, una voluntad de "encubrir la verdadera naturaleza económica de las operaciones" . "Este patrón reproduce el observado en otras sociedades y refuerza la existencia de una estrategia orientada a ocultar o disfrazar pagos de distinta naturaleza", resalta el magistrado. En la información remitida por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) a los investigadores, sin embargo, no consta "ningún pago" a Idella procedente de Aldesa. Por tanto, apunta Calama, "los contratos examinados podrían no haberse materializado" . No obstante, el instructor también recuerda, al mismo tiempo, que existe una offshore en Dubái a través de la que podrían haberse canalizado pagos. La intrahistoria del Hard Rock se remonta a hace más de una década, cuando el gigante del juego Las Vegas Sands buscaba un lugar para poner en marcha Eurovegas y la Generalitat, entonces presidida por Artur Mas , defendió el proyecto como una de sus medidas estrella, que preveía poner en marcha en unos terrenos entre Vila-seca y Salou, propiedad de CaixaBank, al lado del parque temático Port Aventura. Las Vegas Sands, al final, se decantó por la Comunidad de Madrid, aunque el proyecto no acabó llegando a buen puerto. Fue entonces cuando apareció en escena Veremonte, el grupo del promotor Enrique Bañuelos, con una idea bajo el brazo: BCN World , que se vendió como un macrocasino con seis parques temáticos, cada uno con un centro comercial. Para facilitar su puesta en marcha, en 2014 el Parlament, con el apoyo de Convergència –entonces al frente del Govern– y el PSC aprobó una ley para rebajar la fiscalidad de los casinos del 55% al 10% que se mantiene a día de hoy. Veremonte, sin embargo, se salió del proyecto y finalmente optó la norteamericana Hard Rock, a quien se le adjudicó la licencia en julio de 2017. Esto provocó el cambio de nombre del complejo, que pasó a denominarse Hard Rock Entertainment World. Una propuesta algo menos ambiciosa que ha tenido que hacer frente a numerosas trabas judiciales y técnicas. Y que aún hoy sigue en el alambre por la división política que provoca. Los socialistas catalanes siempre remaron a favor del megaproyecto. Así, en diciembre de 2022 fijaban como peaje para aprobar las cuentas del entonces Govern de Pere Aragonès el desbloqueo, entre otros, del Hard Rock . ERC, finalmente, cedió . Y el acuerdo de presupuestos suscrito un par de meses después por ambos partidos incluyó la aprobación definitiva del plan urbanístico para el megacomplejo durante el primer semestre del año y "mantener la disponibilidad de los terrenos" para la promotora estadounidense. Una jugada que, sin embargo, no pudo repetirse 12 meses más tarde. Los comuns exigieron al Govern que frenase en seco el proyecto y, ante la negativa de este, hicieron caer las cuentas y provocaron un adelanto electoral que provocó la llegada de Salvador Illa al Palau de la Generalitat. El Hard Rock estuvo presente en las negociaciones para la investidura. Las negociaciones del PSC con los comuns y ERC se cerraron con sendos acuerdos que recogían, entre otras cosas, la reversión de la rebaja de impuestos al juego que se acordó en 2014 . Una eliminación de beneficios fiscales a la que se dio luz verde a comienzos del año pasado y que resta atractivo inversor al proyecto, que todavía sigue pendiente de informes. No obstante, la consellera de Economía, Alícia Romero, reafirmó hace un par de meses que el compromiso del Ejecutivo con el Hard Rock sigue vivo: "Nosotros lo hemos empujado desde siempre".

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