Cope Zaragoza
La Federación de AMPAs de Zafra ha denunciado la situación de riesgo en los centros públicos de Educación Infantil y Primaria de la ciudad debido a que los extintores de incendios llevan casi tres años caducados. La federación se ha sumado al manifiesto consensuado por los colegios para señalar la tardanza del Ayuntamiento en renovar estos sistemas de seguridad, un proceso que se ha prolongado durante dos legislaturas. Según expone Yolanda Cabrera, de la federación, el problema se remonta a septiembre de 2023, fecha desde la cual los extintores están sin pasar la revisión y sin el correspondiente cambio de retimbrado. Cabrera afirma que el actual gobierno municipal, "desde que entró a gobernar, pues tiene totalmente desatendidos a los centros públicos de Zafra". Además, añade que no se trata solo de los extintores, sino de un problema general de mantenimiento y otros asuntos como el pago pendiente del transporte escolar urbano. Durante el presente curso escolar 2025-2026, tanto las AMPAs como las direcciones de los centros han presentado quejas por registro electrónico que, según denuncian, "ni siquiera nos han respondido". A pesar de haber mantenido "reiteradas ocasiones reuniones con el concejal de Educación", la respuesta ha sido siempre evasiva. "Nos iba dando largas, nos iba diciendo 'sí, bueno, esto en intervención, ya está en intervención'", lamenta Cabrera. La situación alcanzó un punto crítico tras una reunión el 27 de febrero, en la que se les comunicó que el proceso estaba en marcha y que los extintores estarían instalados a finales de marzo. Sin embargo, a 19 de mayo, la situación seguía sin resolverse. No fue hasta el lunes 11 de mayo cuando el alcalde emitió la orden de licitación por decreto de Alcaldía, una acción que las familias consideran tardía y una muestra de la "negligencia" del Ayuntamiento. La federación de AMPAs acusa al consistorio de "echar balones fuera" al culpar a la Junta de Extremadura. Cabrera recuerda que "hay una ley que lo indica claramente, que los ayuntamientos se encargan del mantenimiento de las instalaciones de los centros educativos, y no lo están haciendo". Consideran que el problema podría haberse solucionado con un decreto de Alcaldía mucho antes y que, "si no se ha hecho, es por falta de voluntad política". Con el proceso de licitación recién iniciado, la comunidad educativa teme que el curso termine sin una solución. "A lo mejor, con un poco de suerte, para septiembre tenemos los extintores preparados, pero no lo sabemos", concluye Cabrera, subrayando la incertidumbre y el malestar acumulado. La denuncia pública busca dejar constancia de una gestión que, en sus palabras, "con la seguridad de la infancia no se juega". COPE ha pedido al gobierno local su opinión sobre esta denuncia. Estamos a la espera de respuesta.
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