Cope Zaragoza
La sentencia por el crimen machista de Maialen Mazón, la vitoriana embarazada de mellizas que fue asesinada a cuchilladas por su marido en 2023, ha dejado una "sensación amarga" en la acusación popular. El autor del crimen, que también abandonó a la hija de ambos, de 2 años, durante 18 horas en un apartahotel de Vitoria, ha sido condenado a 27 años de cárcel, una pena muy alejada de los 45 años que solicitaban las acusaciones. "Sale muy barato cargarse a 3 mujeres y destrozar a una cuarta", ha denunciado en COPE Cecilia Piris, abogada de la asociación Clara Campoamor. En el juicio, celebrado el pasado mes de mayo en la Audiencia Provincial de Álava, el jurado popular declaró al acusado culpable, sin las agravantes de ensañamiento y género, que pedían las acusaciones, y sin contemplar tampoco la eximente por trastorno mental transitorio que alegaba la defensa. La magistrada, que daba a conocer el fallo este miércoles, ha impuesto también al acusado penas de libertad vigilada y la prohibición de comunicarse con su hija y con el padre de la víctima a quiens ha de indemnizar. Cecilia Piris, que ha ejercido la acusación popular, ha destacado la "diferencia muy considerable" entre la petición de la acusación y la condena final. Para la letrada, la sentencia "no es una respuesta suficientemente contundente" a los hechos juzgados. La principal sorpresa, según Piris, ha sido que se aprecie el "concurso ideal", un término técnico que implica que el asesinato y los dos abortos se castigan como un solo hecho. Esto significa que se le impone la pena máxima por el asesinato, 25 años, pero sin sumar las penas por cada uno de los abortos, que podrían haber añadido hasta 16 años más. "Creemos que en la mente del agresor tenía suficiente conciencia, conocimiento y certeza de que de esa manera también mataba a esos fetos, como para que merezca una [pena individualizada]", ha defendido la abogada. La acusación popular también ha mostrado su profundo malestar por la desestimación del agravante de género. "Nos ha disgustado muchísimo", ha confesado Piris, quien no entiende que no se haya interpretado que el crimen se produjo "en el contexto de una relación de control, de dominación y de sometimiento". La abogada ha recordado que existían pruebas de esa dominación, como que el asesino "controlaba las redes sociales" de Maialen, tenía "acceso desde su móvil a la cuenta de Instagram" de la su mujer y "controlaba el dinero de la pareja". A pesar de estas evidencias, el jurado no consideró acreditado que el motivo del crimen fuera el género, aunque la acusación tiene "clarísimo que la causa de la discusión fue el deseo de Mayalen de poner fin de manera definitiva a la relación". Ante esta situación, Piris ha puesto sobre la mesa un debate más profundo: la necesidad de crear en España un "tipo penal específico de feminicidio", como ya existe en países de Latinoamérica. Según explica, con la legislación actual, el agravante de género exige demostrar que el motivo del crimen es "una manifestación de la desigualdad estructural". La asociación Clara Campoamor está valorando presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, aunque no es una "decisión sencilla". La letrada ha señalado que agravar una pena por la vía del recurso es "complicado técnicamente" y supondría "hacerle pasar a todo el mundo por este horror otra vez", algo que considera "absolutamente innecesario" para la familia, en caso de tener que repetir el juicio. No obstante, cumplirán el deseo de la familia de Maialen. Paralelamente, la asociación presentará una "reclamación formal" ante el Gobierno vasco por el "fallo" en el sistema de protección de la víctima. Piris ha recordado que la valoración de riesgo de Maialen, que la Guardia Civil estimó como "extremo", se quedó en "bajo". "Hay una responsabilidad por parte de la institución que tenía la obligación de protegerla y no lo hizo adecuadamente", ha sentenciado. Esta reclamación patrimonial busca una restitución simbólica para la familia y, sobre todo, "un reconocimiento de que las cosas se han hecho mal". La abogada ha criticado la explicación oficial, que en su día aludió a una "concatenación de problemas de comunicación", una justificación que, para la acusación, "no responde adecuadamente al error cometido ni a la gravedad" de los hechos.
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