Cope Zaragoza
Catalunya ha registrado un alarmante aumento de la siniestralidad laboral con 81 personas fallecidas en accidentes de trabajo durante el último año, lo que supone un incremento del 19% en las cifras. Ana Corres, presidenta de la plataforma 28 abril, califica estas cifras como "no son tolerables", y subraya que detrás de cada número hay un drama personal: "toda una familia que se accidenta, que fallece, que enferma en su trabajo". Según Corres, el problema de fondo es "una falta total de cultura preventiva". Denuncia que en muchos entornos laborales impera "la cultura del exceso, correr mucho, producir" sin una evaluación de riesgos adecuada. Considera que el enfoque se ha perdido, ya que "la finalidad es cada trabajador, la vida de cada trabajador", y no la producción como un fin en sí mismo. Este diagnóstico se ve respaldado por los datos de la Inspecció de Treball de la Generalitat, que constata que en el 89% de los accidentes mortales en Catalunya fallaron los protocolos de la empresa. Esto evidencia una brecha significativa entre las normativas de seguridad y su aplicación real en los puestos de trabajo. Corres también apunta a la mercantilización de la prevención, criticando que muchas empresas externalizan la gestión de riesgos a compañías ajenas. Según explica, estas entidades "hacen evaluaciones telefónicas" y su objetivo principal es "ganar dinero", no garantizar una evaluación de riesgos bien hecha, por lo que sindicatos y otras entidades abogan por internalizar la prevención. En cuanto a las soluciones, la presidenta de 'Stop Accidents' no se centra en endurecer el Código Penal, sino en aplicarlo. Propone un modelo similar al de la siniestralidad vial, donde las sanciones económicas son clave. "En las empresas no hay ITVs para la maquinaria", lamenta, y añade que "las penas para cuando se incumplen las normas tampoco son disuasorias". Por ello, aboga por un aumento en la cuantía de las multas como medida disuasoria efectiva. Actualmente, la labor de su asociación se centra en visibilizar y concienciar sobre esta problemática. Además, ofrecen acompañamiento a las familias de las víctimas, que "quedan totalmente desamparadas", una labor que realizan sin recibir subvenciones ni ayudas públicas.
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