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El que fuera concejal de Medio Rural del Ayuntamiento de Santiago de Compostela entre 2019 y 2023, José Manuel Pichel, y que protagonizó no de los mayores escándalos durante el gobierno del alcalde socialista Xosé Sánchez Bugallo, ha aceptado seis meses de prisión en el conocido como Caso Desproi, por el alquiler de una nave para albergar servicios de la concejalía que él dirigía a una empresa del mismo nombre de la que formaba parte del accionariado. En un acuerdo de conformidad del que da cuenta la Fiscalía y que dicta por el Juzgado de Instrucción N.1 de Santiago tras llegarse a un acuerdo entre las partes, además del medio año de cárcel, Pichel acepta una multa de poco más de 3.500 euros, a razón de 10 euros diarios durante 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cuatro años. Una multa que, por cierto, estaría por debajo de los cerca de 5.000 euros que según el contrato aprobado en su día por la Xunta de Goberno Local del Concello de Santiago le correspondería cobrar a la empresa Desproi Promociones S.L. por el alquiler de una nave en en Polígono Cista Vella en Amio para albergar los servicios municipales de parques y jardines y de medio rural. El escrito de conformidad, en el que se recoge que los hechos son constitutivos de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios castigado en el art. 439 del Código Penal, ya ha sido firmado y está pendiente de ratificación por la autoridad judicial. Según se recoge en el escrito de conformidad, la mercantil Desproi era propietaria de un local en el polígono de Costa Vella, en la capital gallega, y Pichel siendo administrador de la misma y concejal del gobierno local, inició en 2021 gestiones para buscar un lugar donde ubicar las oficinas de la concejalía de la que era responsable. Los técnicos municipales realizaron diferentes informes y propusieron para este fin el espacio propiedad de la empresa Desproi en el polígono de Costa Vella. A continuación, en la sesión de la junta de gobierno local del 14 de septiembre de 2021, Pichel, junto con el resto de compañeros del ejecutivo conformado por 10 concejales socialistas, votó a favor de la propuesta de alquilar esas instalaciones a la citada empresa para acoger los servicios de parques y jardines y medio rural de manera temporal mientras se ejecutaban las obras de la que sería la concejalía. Estos hechos constituyen un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios castigados en el artículo 439 del Código Penal. Con todo, el fallo se circunscribe únicamente al edil, pues en la fase de instrucción la jueza encargada de la causa acordó el sobreseimiento respecto al alcalde y al resto de concejales al no ver indicios de prevaricación ni de tráfico de influencias. Y todo después de que en enero de 2023 el entonces responsable de Medio Rural del gobierno del socialista Sánchez Bugallo presentara su dimisión, días después de que el grupo de Compostela Aberta denunciara el lucro que estaba obteniendo desde que la Xunta de Goberno Local aprobara en sesión de 14 de septiembre de 2021 el alquiler de las naves durante un plazo de 4 meses, pero prorrogables ya que se carecía de instalaciones alternativas, a razón de 4.120,00 euros más 865,20 euros en concepto de IVA que se cargaría al Presupuesto municipal. En su dimisión, Pichel reconoció haber cometido un error, lo que no evitó que poco después el Partido Popular presentara ante la Fiscalía Anticorrupción, a principios del mes de abril de 2023 y poco antes de las Elecciones Municipales que se celebraron el 28 de mayo. Una denuncia presentada contra todo el Ejecutivo Local por haber participado en la Xunta de Goberno en la que se aprobó este contrato de alquiler, aunque finalmente quedó el propio José Manuel Pichel como único imputado y ahora condenado. Eso sí, el caso se produjo en un momento en el que ya el gobierno del socialista Sánchez Bugallo estaba debilitándose tras una legislatura gobernando en minoría, y hay quien ve en el Caso Desproi la puntilla que provocó que las consecuencias políticas se trasladaran a una bajada de votos y de cuatro concejales de la candidatura que el propio Bugallo encabezó en las Municipales de 2023, siendo sobrepasados en votos por la candidatura del BNG de Goretti Sanmartín que, a la sazón, se convirtió en alcaldesa de Santiago, provocado además la despedida de la política local para su ingreso como senador del hasta ese momento regidor socialista. Consecuencias políticas mucho más relevantes, evidentemente, a las judiciales que enfrenta el protagonista del Caso Desproi tres años y medio después un escándalo que se llevó por delante al gobierno socialista de Santiago.
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