El Plural
El frente judicial que cerca al alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán (PP), ha cruzado la frontera de lo estrictamente patrimonial para adentrarse en el terreno de las coacciones y el hostigamiento habitacional. Según los documentos, denuncias y autos judiciales a los que ha tenido acceso en exclusiva ElPlural.com, el regidor 'popular' y su hija mayor, Julia, están siendo investigados por urdir una presunta trama de presión sistemática contra los inquilinos de las viviendas de la masa hereditaria en Santiago de Compostela. El objetivo era tan nítido como desesperado: obligar a familias en situación de extrema vulnerabilidad a desobedecer las órdenes expresas de la jueza del caso para mantener el flujo de dinero a su persona, pero fuera del control de los tribunales. La investigación de elplural.com revela que el conflicto estalló de manera definitiva cuando la titular del Juzgado de Primera Instancia de Santiago dictó una medida contundente ante el agujero de casi 200.000 euros en deudas que arrastran los inmuebles. Para frenar el desfalco y garantizar el pago a las asfixiadas comunidades de vecinos, la jueza retiró la gestión al alcalde y comunicó formalmente a los inquilinos que debían dejar de pagar sus mensualidades a Gonzalo Durán, obligándoles a ingresar las rentas en la cuenta de consignación bancaria del propio juzgado. Fue en ese preciso instante cuando el entorno del regidor activó una agresiva maquinaria de coacciones para boicotear el mandato judicial. El boicot a la orden de la jueza Lejos de acatar la resolución judicial, el binomio compuesto por Gonzalo Durán y su hija Julia inició una ronda de contactos e intervenciones directas sobre los residentes de los pisos. Sabiendo que las cuentas personales del alcalde no habían sido intervenidas, pero que el dinero de los alquileres de la herencia iba a quedar completamente bloqueado y fiscalizado por la justicia, el clan de padre e hija optó por la insumisión. Los inquilinos - muchos de ellos personas de origen extranjero con sus papeles en regla, pero con un profundo desconocimiento de los engranajes judiciales españoles - se vieron atrapados en un laberinto sin salida aparente. Por un lado, disponían de la notificación oficial del juzgado que les exigía ingresar el dinero en la cuenta pública; por el otro, recibían llamadas, visitas presionando, amenazas de Julia Durán, y últimamente de Gonzalo también, exigiéndoles que ignoraran por completo a la jueza y que les siguieran entregando el dinero del alquiler a ellos directamente, saltándose así los controles de la Agencia Tributaria. Para blindar esta operativa y evitar que la Agencia Tributaria (AEAT) o el propio juzgado pudieran rastrear los pagos, obligaban de forma continuada a las familias a firmar nuevos contratos de arrendamiento en los que se cambiaba de forma fraudulenta el nombre del arrendatario o del receptor de la cuantía. Una auténtica ingeniería contractual de supervivencia económica ejecutada a costa de la tranquilidad de los eslabones más débiles de la cadena. El perfil idóneo para sembrar el miedo La investigación judicial destapa un patrón de selección fríamente...
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