ABC
El juez Ángel Márquez se jubila con 72 años de la Audiencia Provincial de Sevilla tras casi 46 años de un brillante ejercicio profesional que ha merecido el respeto de sus colegas, fiscales y abogados. Miembro destacado de una dinastía de jueces que inició su padre -y que continuaron sus tres hermanos y él-, quiso ser torero de pequeño en su Córdoba natal, aunque confiesa que esa vocación la sustituyó pronto por la Judicatura. -Para ser juez hoy también hay que torear mucho... -Sí, nuestra profesión se ha complicado mucho. - ¿Cuál ha sido el toro más difícil al que se ha enfrentado en la Audiencia de Sevilla? -Quizá el de los casos de los cursos de formación de UGT y el de las minas de Aznalcóllar. Tuvieron los dos una gran complejidad con muchos encausados. -Instruyó el caso Juan Guerra, el primero de corrupción en la España democrática y que afectó a un vicepresidente del Gobierno... -Siempre había muchos periodistas por aquí y lo pasé mal. Hubo varias amenazas de la ETA porque me convertí en un juez conocido y me tuvieron que poner una vigilancia con dos policías de uniforme en la puerta de mi casa. -Supongo que fue una decisión difícil imputar o no a Alfonso Guerra. Y que sufriría mucha presión en uno y otro sentido. -Sí, las presiones fueron tremendas. Aquello fue muy gordo, hasta entraron en mi despacho buscando cosas. Vino la Policía y me lo confirmó. También me pincharon el teléfono. Mandé un informe al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pidiendo que ellos decidieran. -La profesión de juez era más respetada hace algunos años y no recibía tantas críticas. ¿Qué siente cuando escucha tantas críticas a los jueces por parte sobre todo de los políticos? -Sí, mi profesión era mucho más respetada antes como usted dice. A mí me parece una barbaridad lo que está pasando. Si queremos que haya división de poderes, hay que respetar al poder judicial. Lo que pedimos es respeto, ese respeto que se ha perdido. Me produce tristeza e indignación, sobre todo porque esas críticas vienen sobre todo del poder ejecutivo. - Un juez de la Audiencia Nacional ha imputado al expresidente Zapatero y se le ha criticado con mucha dureza nada más conocerse la imputación, antes de leerse el auto judicial. -Sí. Menos mal que nos sentimos independientes y seguimos adelante luchando por la independencia judicial. -Muchas voces dicen que el poder judicial es el último baluarte de nuestra democracia. ¿Qué opina? -Los jueces son imprescindibles para que haya un control de la legalidad y sobre todo es necesario que sean independientes. Las normas las hace el Legislativo y las ejecuta el Ejecutivo, mientras que el Judicial controla la legalidad de esa aplicación. - ¿La corrupción es el mayor enemigo de la democracia? -Sí, quizá sí. Y sobre todo ese acaparamiento de poder por determinadas personas. -¿Pensó alguna vez que vería en España a un fiscal general del Estado condenado por el Tribunal Supremo por violar la ley? -Nunca. Era algo inimaginable. - ¿Qué reflexión hace como juez? -Si es verdad lo que ha hecho, me parece una barbaridad que un fiscal no respete la ley. Porque el que está más obligado a respetarla es el fiscal general del Estado. Es algo inconcebible. -Y la nueva fiscal general del Estado ha premiado a quienes testificaron a su favor en el juicio y castigado a los que no, especialmente a Almudena Lastra, que le pidió que no filtrara el caso a los medios. -Ahí no voy a entrar. -Se está ya tramitando su indulto y del recurso al Tribunal Constitucional. ¿Podría pasar lo mismo que con los ERE? -Podría pasar... El Tribunal Constitucional no es un tribunal de justicia sino de defensa de los derechos fundamentales y no puede dictar sentencias en contra del Tribunal Supremo, que es el máximo órgano jurisdiccional en España. Me parece algo anacrónico. -Uno de los ataques que se hacen a los jueces es que interfieren en los tiempos de la política. Sin embargo, la imputación de Zapatero se ha hecho tras las elecciones andaluzas para que no se interpretara así. -Sí, yo también he procurado respetar esos periodos electorales, siempre que ha sido posible. Pero tampoco podemos evitar que nos paralicen. Igual que hay que respetar por ejemplo la Feria. Hubo algún compañero que señaló un juicio para la Feria... - ¿Qué opina del juez mediático que comenta las sentencias de los compañeros? -Creo que no le hace ningún favor a la Justicia. No me gusta que los compañeros hablen de asuntos que no conocen bien. Algunos dicen antes de que se celebre un juicio que «aquí no hay nada». ¿Por qué? Siempre puede haberlo y para eso están los juicios. -Me está recordando al caso de Begoña Gómez. El presidente del Gobierno y todos sus ministros, incluido el de Justicia, llevan diciendo «aquí no hay nada» desde que se inició la instrucción... -Y no conocen ni el asunto. O no deberían conocerlo. En el caso de las minas de Aznalcóllar pasó al revés, en muchos sitios, incluido la prensa, se les daba por condenados. Ahí después no hubo nada pero se tuvo que celebrar el juicio para aclararlo. También salió absuelto Lopera y eso que se investigaron quince años de la historia del Betis. - ¿Cómo recuerda ese caso? -Fue muy interesante. Y yo soy bético. Descubrimos cosas como que el campo del Betis se había vendido a González de Caldas, que fue presidente del Sevilla. - ¿Cuál ha sido el momento más difícil de su carrera y el momento más gratificante como juez? -El momento más gratificante fue cuando aprobé las oposiciones. El juicio de la UGT fue quizá el más difícil. Hablamos de 30.000 folios, fue un caso de mucha complejidad. Ocuparon dos salas de vistas. No sé quién dijo que se hundiría el suelo si todos esos papeles y los del caso Lopera no se almacenaba en dos salas. - Usted llevó el caso del primer ERE de la Junta en la época de Chaves. -Sí. El de la empresa ISA, Industrias Sevillanas Aeronáuticas. Se hizo una subvención por la que se jubilaban a varios trabajadores tras un contrato con un seguro. -A los jueces de la Audiencia de Sevilla les habrá dolido lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional... -Hombre, es que eso fue una barbaridad. En el caso de los ERE se han dado subvenciones públicas sin ningún tipo de expediente ni control que se ha dado a amigos. Amigos, por ejemplo, del director general de Empleo. -Mucho dinero... -Sí, mucho dinero. -Cuando lee que un ministro llama a la presidenta de Adif para que enchufe a su pareja en la empresa pública... y lo consigue. ¿Cómo se queda? -Eso es nepotismo y erosiona la confianza ciudadana en los políticos. En el caso de los ERE no puso la mano en ningún expediente ningún funcionario. Todos los que firmaron fueron elegidos a dedo.
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