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En los procesos judiciales, sobre todo los que involucran a menores, las evaluaciones realizadas por los especialistas de los servicios psicosociales son, muchas veces, la única prueba para demostrar una historia de maltrato o agresión sexual. Sin embargo, este trabajo tan sensible como vital para las víctimas y sus familias no está garantizado por la falta de equipos técnicos forenses en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura, Islas Baleares y Ceuta y Melilla, comunidades y ciudades autónomas donde la competencia en materia de Justicia pertenece al Estado. Este cuerpo de especialistas, compuesto por psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales, adscritos a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, denuncia la «situación límite» que está sufriendo desde hace años y que el Ministerio de Justicia ha ignorado, a pesar de las movilizaciones y huelgas que desde 2023 impulsa la Plataforma de los Equipos Técnicos Forenses. Denuncian que la falta de profesionales , l as vacantes, la sobrecarga de trabajo y la externalización están provocando retrasos graves en procedimientos judiciales que afectan a menores y víctimas de violencia de género, entre otros colectivos vulnerables. «Los políticos se llenan la boca con el compromiso con las víctimas de violencia de género, y nosotros nos preguntamos dónde está ese compromiso, porque no lo vemos; no se cubren plazas para que, en el menor tiempo posible, el juez tenga las pruebas necesarias para proteger a esas víctimas», explica a ABC Mónica Arroyo Manrique, portavoz de la citada plataforma. «Nos sentimos abandonados, es un maltrato institucional, y nosotros solo pedimos cubrir las plazas y tener medios humanos para hacer los informes que necesitan los jueces», continúa. Los técnicos forenses son personal laboral de la Administración de Justicia, que se encarga de entrevistar y explorar a las víctimas y las partes de un proceso judicial para después valorar su estado psicológico y elaborar los informes periciales. Su función toma especial relevancia en el trabajo con niños que han sufrido violencia sexual o maltrato doméstico , porque requiere de una delicadeza y una formación que los integrantes de este cuerpo han demostrado estudiando y superando su proceso de selección. Queda demostrado en las pruebas preconstituidas, que son las entrevistas grabadas con menores o personas con discapacidad que más tarde visiona el juez y que evitan la revictimización en la fase oral. «Nosotros hacemos las preguntas al menor en un espacio en el que se sienta seguro y si el juez considera que hay que profundizar, nos llama por teléfono, esto nos permite actuar rápido sin exponerlos mucho, porque los niños pueden olvidar los hechos», explica Arroyo Manrique. Los informes no tienen carácter vinculante, sin embargo, son una ayuda fundamental para que el juez tome decisiones en estos procesos tan sensibles. El caso más escandaloso es Badajoz. Los retrasos allí son de hasta dos años en asuntos penales y de un año y medio en civiles. «Estamos recibiendo mucha presión, a algunos compañeros les piden dos informes al día y eso es materialmente imposible, rebajar la tensión y generar confianza en las víctimas lleva tiempo», explica la portavoz. Sus valoraciones también sirven para detectar indicadores de riesgo, por lo que uno de sus principales miedos es que le ocurra algo malo a una víctima durante estos retrasos. De la probabilidad de esta eventual desgracia alertó también hace unos días el Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Don Benito, Miguel Guerrero Cobo, con competencias en Violencia sobre la Mujer. El togado envío una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, para denunciar la precariedad generalizada de los técnicos forenses y la falta de garantías en los procedimientos judiciales que está provocando. Además, tildó de que insostenible que solo tengan un psicólogo forense en Badajoz. «Tarde o temprano ocurrirá una desgracia» , advirtió el juez Guerrero Cobo. El departamento de Bolaños se puso las pilas después de recibir la misiva y anunció esta semana que reforzarán el Instituto de Medicina Legal de Badajoz con siete nuevos profesionales: tres psicólogos, tres trabajadores sociales y un educador social. Justicia también señaló que durante los siguientes meses se incorporarán al Instituto de Medicina Legal otros 24 profesionales con estas características en las comunidades afectadas. Desde la Plataforma de los Equipos Técnicos Forenses es tal el agradecimiento con el juez de Don Benito que incluso entre ellos, en un grupo de Whatsapp en el que están 158 especialistas, esto es, casi todo el cuerpo, han sugerido que sería un buen ministro de Justicia. Reconocen que sin su carta a Bolaños, el ministerio no hubiera movido ni un dedo y les seguiría ninguneando. Sin embargo, Arroyo Manrique no quiere que el anuncio de la Administración caiga en saco roto y advierte ya de que la propuesta no es suficiente para cubrir las carencias del sistema. En total, las plazas vacantes sin cubrir son 49. «Puede parecer poco, pero es que somos un cuerpo pequeño y esas plazas vacías suponen una cuarta parte de la plantilla», explica la portavoz. Solo están cubiertas en Valladolid, Ceuta y Melilla. Pero en Castilla y León faltan 12 especialistas; en Castilla-La Mancha, otros 13; en Extremadura, 8; en las Islas Baleares, 11 y en Murcia, 5. «La situación en Baleares es muy crítica porque el equipo de allí tiene que estar moviéndose entre las islas y la última vez que intentaron contratar a un psicólogo, éste terminó rechazando el puesto porque no podía permitirse un piso en condiciones con el sueldo que le correspondía», añade. Una de las peticiones que hacen desde la plataforma es que convoquen cuanto antes procesos selectivos para cubrir los puestos desiertos. Llevan 8 años sin oposiciones a este cuerpo. «La última oferta de empleo salió en 2018, la convocatoria se publicó en 2021 y los profesionales se incorporaron en 2023. Las vacantes no se han ido cubriendo ni cuando alguien cogía una baja porque decían que podían cubrirlo interinos y los puestos vacíos se han ido acumulando hasta llegar a esta situación límite», explica Arroyo Manrique. La precariedad se agrava más en ciudades como Burgos, Badajoz, Ciudad Real, Toledo o Ávila, donde la falta de técnicos forenses lleva años supliéndose con la externalización de los informes. La portavoz señala que desde 2017, algunos casos, especialmente los de familia, se derivan a peritos que no han superado estos procesos selectivos y que son seleccionados de una lista del Consejo General de Colegios de Psicología. Pagan entre 500 y 700 euros por los informes a estos peritos externos. Un agravio comparativo para los técnicos forenses, según señalan, teniendo en cuenta que dos informes es poco menos del sueldo que algunos perciben. «Esto nos indigna porque no sabemos la formación de esos profesionales, y aunque algunos informes están bien, otros presentan deficiencias técnicas que a los jueces no les valen y hay que repetir el trabajo, eso aumenta el sufrimiento de los menores y sus familias al tener que pasar otra vez por el mismo proceso de ser explorados, y todo cuando nuestro objetivo es eliminar la revictimización», lamenta Arroyo Manrique. Por todo ello, piden a la Administración de Justicia la cobertura inmediata de plazas suficientes en territorios en que la situación sea ya insostenible, paralizar la externalización e iniciar un proceso de funcionarización para facilitar la cobertura de las vacantes y la consolidación de nuevos equipos. En los últimos días, la Plataforma de los Equipos Técnicos Forenses está enviando cartas a las principales asociaciones de jueces para buscar más respaldo de los togados y al secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo Palacios. La portavoz no puede ocultar el profundo desgaste psicológico que arrastran los compañeros de aquellas ciudades sobrecargadas de trabajo, aunque es un asunto que deja para el final. «Son informes muy sensibles que conllevan una gran responsabilidad y para los que hay mucha presión, la Administración tiene que cuidar más a su personal, nos sentimos abandonados», zanja Arroyo Manrique.
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