COPE
El sector agrícola catalán ha lanzado un grito de alarma ante la creciente oleada de robos que asola las explotaciones agrarias. En una entrevista en el programa “Herrera en COPE Cataluña”, el responsable del sector de la Fruta Dulce de la organización agraria JARC, Sergi Balué, ha denunciado la situación de indefensión que viven los payeses. Según Balué, los robos se han convertido en un problema “endémico y diario” que genera no solo cuantiosas pérdidas económicas, sino también una profunda sensación de inseguridad y desamparo entre los profesionales del campo. La situación ha llegado a un punto límite que amenaza la viabilidad de muchas explotaciones. Los ladrones no solo sustraen las cosechas, sino que su objetivo se ha diversificado, abarcando todo tipo de material valioso presente en las fincas. “Se llevan el cobre de las instalaciones de riego, el gasoil de los tractores, baterías y hasta los sistemas GPS de la maquinaria, que tienen un valor muy elevado”, ha detallado Balué. Este tipo de robos no solo implica la pérdida del material sustraído, sino que a menudo causa destrozos en las infraestructuras, lo que multiplica los costes y los perjuicios para los agricultores, que ven cómo su trabajo y sus inversiones se desvanecen. La valoración económica de los robos es alarmante. Balué ha evitado dar una cifra global, pero ha asegurado que las pérdidas son millonarias y afectan a la totalidad del sector. “Hay payeses que han sufrido robos de hasta 30.000 euros en una sola noche”, ha ejemplificado. A estas pérdidas directas se suma el coste de las medidas de seguridad que los agricultores se ven obligados a implementar, como la instalación de alarmas, cámaras de vigilancia o vallas perimetrales. A pesar de estos esfuerzos, la sensación de vulnerabilidad persiste. “Estamos indefensos, nos sentimos desprotegidos por la administración” ha lamentado Balué. El problema, según el responsable de JARC, no es solo la falta de vigilancia, sino también la legislación actual. Balué ha criticado duramente la impunidad con la que actúan los ladrones, amparados por un Código Penal que a su juicio es demasiado laxo con la multirreincidencia. “Son hurtos que, al no superar los 400 euros, se consideran una falta leve. Los ladrones lo saben y actúan con total impunidad, porque aunque los detengan, quedan en libertad a las pocas horas”, ha explicado. Esta situación genera un ciclo vicioso en el que los mismos delincuentes vuelven a robar una y otra vez en las mismas explotaciones. La organización agraria reclama una reforma legislativa que ponga fin a esta situación. “Pedimos que se modifique el Código Penal para que los hurtos reiterados sean considerados un delito continuado, con penas más duras que tengan un efecto disuasorio real”, ha subrayado Balué. Para el sector, es frustrante ver cómo el esfuerzo de la policía, que en muchas ocasiones logra detener a los autores, cae en saco roto por culpa de un sistema judicial que no ofrece soluciones efectivas. “Entran por una puerta y salen por la otra”, ha sentenciado el representante de JARC, resumiendo el sentir general de los agricultores. Ante esta grave problemática, el sector agrario exige una mayor implicación por parte de las administraciones. En concreto, reclaman un aumento de la vigilancia policial en las zonas rurales, especialmente por parte de los Mossos d’Esquadra. “Necesitamos más patrullas y una unidad específica que se dedique a combatir los robos en el campo, que conozca el territorio y las particularidades del sector”, ha afirmado Balué. Además, ha insistido en la importancia de la colaboración entre los agricultores y las fuerzas de seguridad, y ha pedido a los payeses que denuncien todos los robos, por pequeños que sean, para que las estadísticas reflejen la magnitud real del problema. El futuro del campo catalán está en juego. Sergi Balué ha advertido que, si no se toman medidas urgentes y contundentes, la situación podría volverse insostenible para muchos agricultores. “La gente se cansa de trabajar para que otros se lo lleven”, ha concluido, dejando en el aire una seria advertencia sobre las posibles consecuencias de la inacción: el abandono de las explotaciones y el consiguiente deterioro del paisaje y la economía rural. El clamor del campo es claro y unánime: necesitan soluciones ya.
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