El Plural
Una joven andaluza, residente en Sevilla, ha denunciado el colapso y las demoras en la tramitación de la Ley de Dependencia y el reconocimiento de discapacidad en Andalucía. El caso más reciente y dramático lo ha vivido hace apenas una semana, en primera persona, con su padre. Un día después de conocer que su padre había fallecido, esta joven recibió una carta donde se le reconocía su discapacidad, dos años después de solicitarla. El proceso familiar comenzó a principios de 2024, tras un diagnóstico médico recibido en 2023 que mermó rápidamente las capacidades básicas del padre. Ante la certeza de que los trámites públicos "iban para largo", las hijas, que por aquel entonces contaban con tan solo 24 y 26 años, tuvieron que asumir el coste y la gestión de ingresar a su padre en una residencia privada, tal y como ha relatado a ElPlural.com. "Cuando lo valoraron, meses antes, le reconocieron un 75% de discapacidad, aunque en sus últimos días su dependencia era total: no comía, no bebía, ni andaba por su cuenta", explica la hija. "La carta de resolución llegó a Correos un lunes. Mi padre falleció el martes de esa misma semana. La recogimos un jueves, cuando ya era demasiado tarde". El testimonio de esta joven evidencia un fallo estructural de la administración andaluza, ya que el caso de su padre no es una excepción, sino el cuarto episodio de desamparo que sufre la familia en los últimos años debido a la ineficacia del sistema. Por un lado, su tío, que padeció la ELA, a pesar de tramitar la solicitud por la vía de urgencia ante la gravedad de su diagnóstico, falleció al poco tiempo sin llegar a recibir ninguna prestación ni respuesta ágil por parte de la administración, ha lamentado. También su abuelo sufrió una agonizante espera de dos años, tras la cual el sistema le concedió únicamente dos horas diarias de ayuda a domicilio. "La valoración estaba tan desactualizada que, cuando por fin llegó la resolución, él ya era completamente dependiente. Tuvimos que asumir el coste privado de una cuidadora interna porque las horas que nos daba la sanidad pública eran del todo insuficientes", denuncia su nieta, lamentando que finalmente murió siendo gran dependiente. Por último, marcada por el trauma de estas dolorosas experiencias, la familia optó por solicitar los trámites de su abuela de forma preventiva, antes de que su grado de dependencia fuera limitante. Aun así, han tenido que soportar otros dos años de silencio administrativo tan solo para empezar a recibir respuesta. La denunciante hace especial hincapié en la desprotección y el impacto psicológico y económico que estos retrasos suponen para los familiares, especialmente para los cuidadores jóvenes. "Nosotras teníamos 26 y 24 años. A esa edad no lo sabes todo, te ves muy joven para tener que hacerte cargo de una persona que empieza a ser dependiente y de toda la burocracia que no funciona", ha expresado. La familia ha decidido hacer público su caso ante la frustración de enfrentarse a...
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