El Plural
Es necesario retornar al 9 de enero de 2023 para recordar el momento en el que saltaron las alarmas tanto en el Gobierno de la Comunidad de Madrid como en los institutos en los que se habían llevado a cabo las obras, cuyos contratos de adjudicación estaban comenzando a ser investigados. Al complejo educativo Ciudad Escolar-San Fernando llegaba un requerimiento de la Agencia Tributaria (AET), algo que preocupó seriamente al director de este centro, reclamando "documentación, facturas y medios de pago" de las intervenciones realizadas. Tal y como explica El País, este contacto que establecía la AET con el centro educativo se producía tras llegar a esta institución en el 2022 una denuncia, de la cual todavía se desconoce su autoría, alertando de posibles irregularidades administrativas en el Ejecutivo madrileño, concretamente a través de los espacios en los que se imparten las lecciones de Formación Profesional. Eran estos los primeros compases del 'Caso FP', una trama en torno a la cual se investigan ahora presuntos delitos de prevaricación que se habrían cometido a partir del fraccionamiento de contratos de obra, para evitar el procedimiento de concurso público marcado por la ley y poder concederlos a una empresa concreta. El País presenta la línea temporal de este caso, por la cual en aquel mes de enero de 2023, el director del complejo educativo Ciudad Escolar-San Fernando escribía un correo electrónico a la Consejería de Educación, explicando el requerimiento recibido y apuntando que parecía provenir de una denuncia realizada por "la obra de la Casa 5". Esta situación ya hacía sonar alarmas de por sí tanto en el centro educativo como en el Ejecutivo regional. No obstante, el asunto se caldeó todavía más cuando, unos meses más tarde, en septiembre de ese año al IES Hotel Escuela y al mencionado Ciudad Escolar llegan escritos de la empresa Virelec en los cuales se reclaman casi millón y medio de euros por cantidades impagadas de obras. La situación despierta una importante preocupación que lleva al Gobierno de la Comunidad de Madrid a encargar una auditoría a la Intervención General, la cual apuntaría, aunque solo con carácter provisional, que se habían realizado pagos solo a esta empresa que habrían ascendido a casi cuatro millones de euros. Conocer este hecho llevó al Ejecutivo autonómico no solo a denunciar en abril de 2024 al que había sido subdirector regional de FP, Alfonso Mateos, sino que también demandaba a los dos centros educativos a los que Virelec reclamaba casi millón y medio de euros. Desde aquel momento hasta octubre de 2025 poco pudo esclarecerse en relación a este asunto, conocido como 'Caso FP'. Durante ese período de tiempo, en la Consejería de Educación nadie sabía nada de aquello, ni tampoco tenía competencias para decidir. Si bien, ese silencio que solo dejaba incógnitas comenzó a desaparecer con las primeras declaraciones que se dieron. Por ejemplo, la de José María Serrano, subdirector general de centros de educación secundaria del Gobierno autonómico, que compareció en calidad de testigo, empezó a abrir...
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