Cope Zaragoza
La subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, ha presentado el 'Informe de Inclusión Financiera en España 2025', un estudio que la institución realiza desde hace tres años. A pesar de que el número de sucursales y cajeros se ha reducido en los últimos cuatro años, la accesibilidad a los servicios financieros en el territorio español "ha aumentado notablemente", según Núñez. A nivel nacional, se ha registrado una reducción del 18,3% en los municipios sin acceso y una disminución del 25% de la población afectada. Sin embargo, la situación en Castilla y León presenta un panorama más complejo. En 2024, casi 2.000 municipios de la comunidad no contaban con oficinas bancarias, lo que afecta a más de 439.600 personas, un 18,43% del total de su población. Este porcentaje contrasta drásticamente con la media nacional, donde solo el 1% de la población no tiene acceso a estos servicios, una cifra que se eleva al 8% en el caso de Castilla y León debido a sus "características peculiares", como la dispersión geográfica y la prevalencia de municipios muy pequeños. A pesar de estos datos, el informe también constata una mejora en la región. Desde 2021, 114 municipios castellanoleoneses que no tenían acceso han pasado a tenerlo, beneficiando a miles de personas. La subgobernadora ha destacado que un "factor fundamental" en esta mejora ha sido la contribución de los medios de acceso alternativos, especialmente los ofibuses. La mejora en la accesibilidad se enmarca en una hoja de ruta que las asociaciones bancarias firmaron en 2022. El objetivo era garantizar que no hubiera municipios de más de 500 habitantes sin servicios bancarios, un objetivo "prácticamente ya conseguido", y hacer un "esfuerzo notable" en las localidades de menos de 500 habitantes. Para ello, la solución principal han sido los ofibuses, que han compensado el cierre de sucursales. Existen otras iniciativas como el 'cashback' (retirar efectivo en supermercados) o 'Correos Cash' (servicio de efectivo a través de Correos), pero su implantación es todavía minoritaria. Según Núñez, "estos medios alternativos se usan bastante poco", un hecho que atribuye a que "llevan poco tiempo y todavía no se conocen bien" o a una falta de confianza por parte de los usuarios. Por primera vez, el informe incluye un capítulo específico sobre la inclusión financiera de los inmigrantes, un colectivo que ya supone casi el 20% de la población en España. El estudio, basado en la Encuesta de Competencias Financieras de 2021, diferencia entre la población en situación regular y la irregular. En el caso de los inmigrantes en situación regular, sus usos financieros "son muy similares a los de los nativos" cuando se controla por variables de edad y renta. Aunque presentan competencias financieras ligeramente inferiores (una diferencia que no supera los 5 puntos porcentuales), utilizan algo más la oficina bancaria y algo menos la banca online, si bien las diferencias "no son sustanciales", según el informe. No obstante, el porcentaje de solicitudes de crédito rechazadas es mayor para este colectivo, situándose en un 12% frente al 8% de los nativos. Además, se observa un mayor uso de las remesas y del crédito informal en comparación con la población autóctona. Para la población en situación irregular, considerada la de mayor riesgo de exclusión, existe la 'cuenta de pago básica'. Se trata de un producto de bajo coste (3 euros o gratis para colectivos vulnerables) con operativa limitada, diseñado para garantizar un acceso mínimo al sistema financiero. Sin embargo, su uso es muy reducido, con una media de creación de entre 33.000 y 50.000 cuentas al año. Entre las razones que explican esta baja adopción se encuentran el desconocimiento por parte de los inmigrantes y una limitación clave: no permite realizar remesas. Como señala Núñez, "el hecho quizás de que no puedan hacer remesas de esa cuenta, pues también no les supone atractiva", lo que desincentiva su contratación. Por parte de las entidades bancarias, se aluden motivos de "riesgo normativo" vinculados a la ley de prevención de blanqueo de capitales, que exige un conocimiento del cliente difícil de cumplir con personas en situación irregular. Una futura directiva europea de antiblanqueo podría flexibilizar estos requisitos aplicando "criterios de proporcionalidad", lo que ayudaría a reducir las reticencias de los bancos. Finalmente, la subgobernadora ha apuntado la necesidad de crear un registro de solicitudes y rechazos de cuentas, que actualmente no existe al ser muchas de ellas verbales. A largo plazo, ha concluido, los inmigrantes son clientes valiosos, ya que "los usos bancarios de los nativos y de los inmigrantes son los mismos" una vez se integran.
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