Cope Zaragoza
El pleno del Ayuntamiento de Lorca ha aprobado una nueva ordenanza municipal que regula la emisión de informes de integración social (arraigo), adecuación de vivienda para la reagrupación familiar y la residencia de menores no nacidos en España. La normativa, impulsada por Servicios Sociales, tiene como objetivo principal aportar seguridad jurídica, claridad técnica y orden a estos trámites esenciales para la población migrante del municipio. La concejala del área ha destacado que la norma "viene a dar respuesta a una necesidad real detectada en Lorca". Según ha explicado, al regular la tramitación de estos documentos, se unificarán los criterios técnicos para que los expedientes se resuelvan con "absoluta objetividad y rigor", evitando así disparidades en la atención. La nueva regulación se basa en dos pilares fundamentales. Por un lado, la seguridad jurídica, definiendo con transparencia la documentación exigida, los requisitos y los plazos del procedimiento. Por otro, la calidad técnica, que establece criterios homogéneos y verificables para los profesionales que redactan los informes. Además, el texto normativo refuerza la protección ante situaciones de especial vulnerabilidad que se puedan detectar, como el hacinamiento, la insalubridad o el uso irregular de las viviendas. Esta medida no solo beneficia a los solicitantes, sino que también representa un avance cualitativo en la gestión interna del consistorio. Al estandarizar el proceso, el Ayuntamiento de Lorca podrá optimizar los recursos humanos y técnicos del área de Servicios Sociales, lo que permitirá una planificación más eficaz del trabajo administrativo. La ordenanza se integra en el marco normativo estatal y autonómico vigente y respeta los principios de legalidad tributaria, diferenciando claramente entre los servicios gratuitos y los que están sujetos a una tasa municipal. Con este paso, el municipio consolida un modelo de actuación administrativa ejemplar basado en la transparencia, la responsabilidad profesional de su personal técnico y la confianza en la gestión pública local.
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