Cope Zaragoza
El modelo de escuela inclusiva que promueve el Departamento de Educación de la Generalitat presenta profundas grietas, especialmente para los alumnos sordos en la educación postobligatoria. Así lo denuncia el colectivo de intérpretes de Lengua de Signos Catalana, que advierte de una situación de precariedad y abandono que deja a estudiantes sin el único recurso que les permite acceder a los contenidos académicos. Javier Díez, portavoz del colectivo, ha alertado en el programa “Herrera en COPE Cataluña” de que, a pesar de las promesas, el servicio no solo no ha mejorado, sino que se ha deteriorado, poniendo en jaque el derecho a la educación de estos jóvenes. Actualmente, unos 35 profesionales cubren las necesidades de entre 35 y 40 alumnos sordos en toda Cataluña en etapas como el bachillerato, la formación profesional y las escuelas de adultos. Estos intérpretes son, en palabras de Díez, "el único recurso dentro del aula para este alumnado y un recurso imprescindible, porque si no, no pueden acceder a los contenidos de su educación". Sin embargo, este servicio esencial funciona a través de un modelo de externalización, donde la Generalitat contrata a una empresa privada que, a su vez, gestiona a los intérpretes, generando una cadena de precariedad. La situación se ha vuelto crítica desde que el pasado mes de octubre el servicio fue subrogado a una nueva empresa. Según Díez, este cambio ha empeorado las condiciones. "Hay alumnos sin cobertura", afirma, explicando que no se está asignando intérprete a todos los estudiantes que lo solicitan y que existen "muchos problemas en cuanto a cubrir las sustituciones de los intérpretes cuando están de baja o cuando demandan un permiso". Esta falta de personal y de organización deja a los alumnos sordos completamente aislados en medio de una clase. El conflicto laboral se ha intensificado debido a presuntas irregularidades por parte de la nueva compañía. Los trabajadores denuncian problemas en el cobro de las nóminas y en las cotizaciones. La empresa alega que la plantilla tiene deudas con ella y, como consecuencia, "están aplicando unos descuentos a nuestras nóminas directamente y de manera unilateral", lamenta Díez. Esta medida ha llevado a los intérpretes a cobrar por debajo de lo estipulado, sumiéndolos en una mayor incertidumbre económica. Desde el mes de enero, el colectivo intenta sin éxito reunirse tanto con la empresa como con el Departamento de Educación para aclarar la supuesta deuda y pactar una forma de retorno que no ahogue a los trabajadores. La respuesta ha sido el silencio. "No se quieren reunir con nosotros, no nos contestan a los emails y, bueno, nos encontramos en una situación un poco desesperada", confiesa Javier Díez, resumiendo la frustración de una plantilla que solo pide diálogo para solucionar el conflicto. Esta crisis no es nueva. El colectivo de intérpretes acumula años de lucha y movilizaciones para dignificar su trabajo. Hace aproximadamente un año, convocaron una huelga de dos semanas que fue desconvocada a la mitad, después de que el Departamento de Educación se sentara a negociar. En aquel encuentro, la administración se comprometió a implementar mejoras salariales, de condiciones y, lo más importante, a realizar "un supuesto estudio para la internalización del servicio". Un año después, ninguna de esas promesas se ha materializado. "No ha habido mejoras, sino, en realidad, después de la adjudicación a esta nueva empresa, el servicio está funcionando bastante peor que el año pasado", sentencia Díez. La decepción es mayúscula y evidencia que la estrategia de la administración fue, según los trabajadores, ganar tiempo sin intención de aportar soluciones reales. La falta de una apuesta decidida por la educación en lengua de signos se traduce, según el colectivo, en el bajo volumen de alumnado que llega a la postobligatoria. Ante este panorama, los intérpretes lo tienen claro: "La única solución posible y la posibilidad de dignificar también el colectivo de lengua de signos es la internalización del servicio", reitera Javier Díez. Consideran que si la Generalitat apuesta realmente por la escuela inclusiva, es "básico e imprescindible" que el personal que la hace posible forme parte del sistema público. Esto, argumentan, permitiría solventar los problemas derivados de la subcontratación y dignificar tanto su faena como la propia lengua de signos. Mientras tanto, los profesionales viven con la incertidumbre de su contrato fijo discontinuo, que los obliga a ir al paro cada verano. Este año, la situación es más grave, ya que los descuentos aplicados en sus nóminas podrían afectar negativamente a la prestación por desempleo que recibirán. Con el curso a punto de finalizar, el colectivo ya está pensando en nuevas movilizaciones de cara a septiembre para seguir luchando por un servicio esencial que, hoy por hoy, depende más de la voluntad de sus trabajadores que del compromiso de la administración.
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