Cope Zaragoza
El Gobierno de España ha dado un paso significativo para flexibilizar la transición entre la vida laboral y el retiro. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto que modifica el régimen jurídico de la jubilación flexible, permitiendo por primera vez que los jubilados puedan compatibilizar un trabajo como autónomos con el cobro de una parte de su pensión. Hasta la fecha, esta modalidad estaba reservada exclusivamente para los trabajadores por cuenta ajena, por lo que la medida supone una importante novedad para el sistema de pensiones español. La norma establece que el pensionista podrá percibir hasta un 25% de la prestación mientras desarrolla su actividad por cuenta propia. La condición principal para acogerse a esta nueva modalidad es que los interesados no deben haber estado dados de alta como trabajadores por cuenta propia “en los tres años anteriores a la fecha de jubilación”. Esta medida busca regular el acceso y garantizar que el sistema sea sostenible. Además, la nueva regulación no solo beneficia a los autónomos, sino que también introduce mejoras para los asalariados. Se amplía la jornada laboral compatible con la pensión, que ahora podrá situarse en un rango de entre el 33% y el 80% de una jornada completa, una notable expansión frente al intervalo anterior, que oscilaba entre el 25% y el 75%. El Real Decreto, que entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), asegura que el trabajador mantendrá su condición de pensionista a todos los efectos durante el periodo de jubilación flexible. Esto incluye la plena cobertura de la asistencia sanitaría y el resto de la protección social. Una de las claves de la reforma es su accesibilidad, ya que no será necesario esperar un “período mínimo” desde la jubilación para solicitarla. Según el texto, se podrá acceder a ella “en cualquier momento” una vez que la pensión haya sido reconocida, eliminando barreras temporales para quienes deseen reincorporarse al mercado laboral. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que estas medidas “continúan la senda de reformas iniciadas en 2021 para hacer más flexible el paso del empleo a la jubilación”. En este sentido, el Gobierno ha diseñado un sistema de incentivos para quienes decidan volver a trabajar. Aquellos que se reincorporen a la actividad laboral al menos seis meses después de haberse jubilado “podrán mejorar la cuantía de su pensión con incentivos adicionales”. Este enfoque busca no solo permitir la compatibilidad, sino también premiar la decisión de prolongar la vida laboral de forma voluntaria y flexible. Estos incentivos se materializan en un “porcentaje adicional” sobre la prestación. El Ministerio ha detallado cómo funcionará este sistema. Para las jornadas a tiempo parcial que se encuentren entre el 55% y el 80% de la jornada completa, el importe de la pensión se incrementará en un 25% adicional. Por otro lado, para aquellas jornadas que sean iguales o superiores al 33% pero inferiores al 55%, el aumento en la pensión será de un 15% adicional. Este esquema de porcentajes está pensado para ajustar los beneficios en función del grado de dedicación del trabajador en su nueva etapa laboral. La reforma también contempla mejoras significativas para un colectivo específico: los pensionistas que accedieron a una jubilación anticipada de forma involuntaria, como puede ser el caso de los afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERO). Para estas personas, el paso por la jubilación flexible supondrá una ventaja añadida. Cuando finalice este periodo y vuelvan a la jubilación plena, “verá mejorada la pensión inicial en recalcularse su base reguladora y el porcentaje aplicable, según el período de cotización acreditado”. Esta medida corrige una posible penalización y mejora las condiciones de su retiro definitivo. Finalmente, es importante señalar que la nueva regulación se aplicará a todos los regímenes de la Seguridad Social. Sin embargo, quedan excluidos de su ámbito de aplicación los funcionarios civiles del Estado, los miembros de las fuerzas armadas y el personal al servicio de la administración de justicia, que se rigen por sus propias normativas. Con esta reforma, el Gobierno busca modernizar el sistema de pensiones y adaptarlo a una realidad social donde la transición hacia la jubilación es cada vez más gradual y personalizada.
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