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¿Qué nos ha pasado? Cuando Francia creó la escuela infantil, fue para acabar con los asilos infantiles, esas guarderías inhumanas donde las trabajadoras dejaban a sus hijos y en las que la disciplina se imponía a varazos. En aquella época, una pedagoga excepcional, Pauline Kergomard, hablaba de “crímenes de lesa infancia”. Bajo su influencia, en 1881, Jules Ferry instituyó verdaderas escuelas para los más pequeños, definidas así por decreto: “Las escuelas infantiles son establecimientos donde los niños […] reciben los cuidados que exige su desarrollo físico, intelectual y moral”. Ese modelo ha sido motivo de orgullo para Francia durante más de un siglo. Pero el país descubre ahora, horrorizado, que hoy se cometen “crímenes de lesa infancia” entre esas mismas paredes , de una forma que parece cada día más sistémica, en momentos que escapan al control del Ministerio de Educación y de los que hasta ahora nadie parecía preocuparse. Hablamos de las horas de la comida y de la merienda, de los miércoles por la tarde y de las vacaciones , cuando las escuelas se transforman en centros de ocio. Los alumnos son confiados masivamente a monitores contratados por las administraciones locales, que no destinan los medios necesarios. Profesionales que —con demasiada frecuencia— no lo son realmente por falta de títulos, formación y controles. Este “escándalo de las actividades extraescolares” —que también afecta a las escuelas primarias, aunque en menor medida— no deja de extenderse desde hace meses. Tras estallar en París hace ya un año, se ha propagado de Montpellier a Ruán , del pueblo de Morigny-Champigny, en Essonne , hasta Marsella , siempre con las mismas causas y los mismos efectos. Las mismas negaciones que generan las mismas catástrofes. Es demasiado pronto para saber si los casos de violencia en las actividades extraescolares se han disparado en los últimos años. Sin duda, esa violencia ya estaba ahí, en todas sus formas —sexual, física y psicológica—, poco visible y apenas cubierta por los medios. Pero desde hace un año, la atención prestada a los niños, empezando por sus propios padres, se ha multiplicado por diez . Y las denuncias, en particular por abusos pedófilos, aparecen por todas partes. Solo en la capital, según la Fiscalía de París, “un centenar de escuelas infantiles” —es decir, una de cada tres—, son objeto de investigaciones judiciales, así como “una veintena” de escuelas primarias y “una decena” de guarderías. Una ola sin precedentes. El martes 26 de mayo comenzó el juicio contra David G., un monitor acusado de una serie de agresiones sexuales en la guardería Baudin, en el distrito XI de París, el primer caso que prendió la mecha en abril de 2025. Casi diez años después del #MeToo , este escándalo se suma a las denuncia de los delitos de pedofilia en la iglesia y en el deporte , después al #MeTooIncesto , y finalmente al “ caso Bétharram ” del año pasado, que permitió abordar los abusos cometidos en el ámbito escolar, en particular en los centros privados. Aunque la mayoría de los abusos sexuales a menores se producen en el seno de la familia, siendo la iglesia la segunda institución más afectada, lo que ocurre hoy es, desde un punto de vista estadístico, una consecuencia lógica: la sociedad y sus medios de comunicación siguen ampliando la lista de lugares donde las víctimas son niños. En Francia, de los 5,4 millones de adultos que sufrieron abusos sexuales durante la infancia, unos 170.000 fueron agredidos “por una persona que trabajaba en una escuela pública”, según estimaciones recogidas por la Ciivise, la Comisión Independiente sobre el Incesto y los Abusos Sexuales contra los Niños. En este escándalo de las actividades extraescolares públicas encontramos ingredientes idénticos presentes en casos anteriores: la negación de la violencia y el silenciamiento de los niños; un sistema (des)organizado para no escuchar; alertas ignoradas, cuando no directamente ocultadas . Pero también tiene particularidades propias, retos específicos y lecciones que extraer. En primer lugar, en el plano jurídico, algunas lagunas parecen urgentes de subsanar. En su investigación sobre las actividades extraescolares, Les Rois du silence ( Los reyes del silencio ), publicado el 21 de mayo por Robert Laffont, la periodista Victoire Haffreingue-Moulart recuerda que un ayuntamiento puede optar por no declarar su servicio extraescolar como “acogida colectiva de menores” . En ese caso no tiene acceso a las subvenciones de la Caja Nacional de Prestaciones Familiares, pero se libra de una serie de obligaciones legales , entre ellas el cumplimiento de las ratios de personal y el control obligatorio de antecedentes penales del equipo. Lo mismo ocurre en el sector privado. Una aberración. La Ciivise considera que esta "segmentación" del sector constituye un factor de riesgo y reclama, en un dictamen publicado a finales de abril, "la implantación de un protocolo nacional de declaración y control de las actividades extraescolares". También defiende la creación de "un circuito único de denuncia" que permita "acabar con la cultura del ‘arreglo local’ y con la ley del silencio". Reforzar el sector de la animación se convierte también en una evidencia, empezando por su formación, incluida la de sus responsables. Resulta inaceptable que estos profesionales estén tan poco formados en la detección y prevención de la violencia , así como para cumplir sus obligaciones de denuncia. Evidentemente, eso cuesta dinero. Más allá de estos temas organizativos, el escándalo de las actividades extraescolares nos dice algo esencial. Pone de manifiesto, de forma masiva, la violencia infligida a los más pequeños, aquellos que aún están dando sus primeros pasos en el lenguaje, que no dominan bien sus relatos y cuya palabra se considera aún menos creíble. Veinte años después del fiasco judicial de Outreau, algunos especialistas proponen hablar de un #MeTooNiños o de un #MeToo de la primera infancia. Como la sociedad sigue asociando la pedocriminalidad a la sexualidad más que como un sistema de dominación, le cuesta menos considerar la hipótesis de que un hombre haya violado a una adolescente que la de que haya agredido a una niña de infantil que acaba de levantarse de la siesta y a veces todavía lleva pañales. Tras algunas dudas, algunos padres denunciantes decidieron compartir las crudas palabras de sus hijos en los medios de comunicación para poner fin a la eufemización colectiva de delitos descritos durante demasiado tiempo como “jugar a los médicos”. “ La violencia sexual comienza muy pronto ”, ha subrayado siempre la Ciivise. En los casos de incesto, comenzó antes de los 10 años en tres cuartas partes de las víctimas. En la escuela pública, es un tercio de los casos. Las estadísticas publicadas el pasado mes de noviembre documentaron incluso lo impensable: en 2024 fueron atendidos en unidades médico-judiciales por abusos sexuales 614 bebés de entre 0 y 2 años —víctimas identificadas y denunciadas—, a penas la punta del iceberg . Cuatro meses antes, había estallado un escándalo de malos tratos a bebés en el servicio de neonatología del hospital de Montreuil. En marzo , Mediapart también reveló las sospechas que pesaban sobre un educador de primera infancia que trabajaba en una guardería. Pero, ¿hemos puesto en marcha mecanismos para escuchar a los más pequeños? Incluso el famoso protocolo de entrevista denominado NICHD, para el que aún no están formados demasiados miembros de las brigadas de protección de menores, resulta inadecuado para niños y niñas de cuatro años. En cuanto a los pequeños que no se expresan verbalmente, ya sea por su edad o por una discapacidad, no hay otra solución que escuchar sus dolencias y síntomas en lugar de sus palabras . Pero, en este ámbito más que en ningún otro, la justicia no sabe hacerlo, o lo hace muy poco. Las instituciones adolecen de una falta acuciante de unidades hospitalarias especializadas en la atención a víctimas menores ( las valiosas UAPED ). Al menos desde hace un año, la sociedad está aprendiendo a mirar de frente en lugar de apartar la vista. Otra lección del escándalo es que desde hace años monitores y monitoras vigilantes alertaban, tanto en París como en otros lugares, sobre la magnitud de la violencia física, verbal y psicológica ejercida por algunos de sus colegas en las actividades extraescolares. El único resultado era acabar marginados o incluso apartados. También llevaban años —hay que decirlo— sin que eso importara a unos padres demasiado ocupados , todavía insensibles al daño psíquico que genera la violencia educativa cotidiana y que, a veces, la practican ellos mismos, si nos fiamos de los alarmantes resultados de las encuestas periódicas de la Fundación para la Infancia. Pero los especialistas no dejan de repetirlo: la violencia contra los niños forma un continuo en el que se inserta y anida la pedocriminalidad. Las violaciones y las agresiones no son más que una herramienta de dominación dentro de toda una panoplia destinada a "reducir al otro a su cuerpo y tomar posesión de él", según la Ciivise. El motor no es tanto el sexo como la violencia . Son dimensiones patriarcales y adultistas que se refuerzan mutuamente. Admitir que adultos del ámbito extraescolar puedan, pervirtiendo su posición de autoridad, gritar, zarandear o humillar equivale, por tanto, a preparar el terreno. Todo abuso de poder acostumbra a los niños , los desarma frente al veneno de la sumisión y les priva de la capacidad de identificar conductas transgresoras. En este sentido, resulta revelador que el monitor procesado el 22 de mayo en París por sospechas de violaciones a alumnos de infantil, que lleva tres noches entre rejas, ya hubiera sido denunciado por padres en otoño de 2025 por gritar de forma insoportable a alumnos de apenas 3 años. Igual de revelador es que el Ayuntamiento de París, como respuesta, se limitara a trasladarlo de distrito. Ante este escándalo, que ya ha adquirido dimensión nacional, sería absurdo pensar que una bofetada conduce necesariamente a una agresión sexual, o que todas las formas de violencia son equivalentes. También sería preocupante que las comunidades de padres y los colectivos profesionales —extraescolares y docentes— cayeran en una lógica de desconfianza generalizada. Pero seamos claros: la confianza a priori es un sinsentido estadístico en un país donde cada año 160.000 menores son víctimas de violencia sexual . Más allá de un cambio de paradigma en la forma de ver a los niños y sus derechos inalienables ( reclamado por cada vez más activistas de la infancia ), lo que necesitamos construir es una sociedad de vigilancia colectiva: no una sociedad de vigilantes, sino de personas que escuchan y que indagan. "Solo sé que no sé nada", decía Sócrates. En materia de delitos contra menores, sí sabemos . Escándalo tras escándalo, aprendemos. Recordemos, pese a todo, que seguimos sin saber nada. Traducción de Miguel López
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