Cope Zaragoza
La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, ha confirmado la apertura de un expediente sancionador al Centro Educativo Irlandesas Loreto por el caso de Sandra Peña. La medida se toma tras constatar que el colegio no activó el protocolo contra el acoso escolar, una decisión administrativa que sigue su curso pese al reciente archivo de la querella que la familia interpuso contra el centro. La vía judicial y la administrativa, de momento, transitan por caminos separados. El juez encargado de la querella de los padres de Sandra contra varios responsables del colegio —incluidos el director, la jefa de estudios y la tutora— la archivó al considerar que, si bien “no consta que se activara el protocolo de acoso escolar”, sí “se adoptaron medidas con separación de las posibles alumnas acosadoras y otras complementarias”. Sin embargo, para la consejería, la omisión del protocolo es un hecho con consecuencias. La consejera Castillo ha sido tajante al respecto durante una visita al Instituto de Educación Secundaria Antonio Machado. “Nosotros, desde el punto de vista administrativo, formal, tenemos claro que no se abrieron los protocolos y, por tanto, hay una responsabilidad vinculada a esa no apertura del protocolo”, ha sentenciado. Esta afirmación marca la línea que seguirá la administración andaluza, independientemente de la resolución judicial sobre la querella. Antes de optar por la vía sancionadora, la consejería intentó un acercamiento a través de una Comisión de Conciliación, una figura contemplada en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. Según ha explicado la propia consejera, este fue el primer paso que se dio cuando se detectó que los protocolos no se habían puesto en marcha. “En el momento de los hechos, se detectó que no se habían iniciado los protocolos. Por ello, llevamos a cabo una Comisión de Conciliación”, ha detallado. El intento de mediación, sin embargo, no ha llegado a buen puerto. Castillo ha confirmado que el proceso ha concluido sin acuerdo y, por lo tanto, lo que procede ahora es la apertura de un expediente sancionador al centro por incumplimiento de las normas, en este caso, por no abrir los protocolos”, ha aclarado la responsable de Desarrollo Educativo. Aunque la decisión de abrir el expediente está tomada, su tramitación final está supeditada a los tiempos de la justicia. La consejería se encuentra a la espera de recibir las conclusiones de la Fiscalía de Menores, que mantiene abierta una causa por el presunto acoso escolar sufrido por Sandra. Este informe es una pieza clave para calibrar el alcance de las responsabilidades y, en consecuencia, la sanción a imponer. “Está abierta todavía la causa del acoso en la fiscalía de menores, vamos a esperarnos a ver las conclusiones que tienen”, ha señalado Castillo. La consejera ha insistido en que la administración siempre actúa con respeto a los procedimientos judiciales. “Cuando tengamos toda esa información, nosotros llevaremos a cabo la tramitación del expediente sancionador. Siempre esperamos a que acabe todo lo que tiene que ver con los procedimientos judiciales”, ha esgrimido. La gran incógnita ahora es el alcance de la sanción que podría recibir el colegio Irlandesas Loreto. La consejera ha explicado que el resultado final dependerá de la calificación de la falta cometida. Un procedimiento sancionador puede determinar que una infracción es leve, grave o muy grave, y cada categoría conlleva un tipo de castigo diferente. La decisión final estará en manos del instructor del expediente y estará “muy vinculada” a las conclusiones de la Fiscalía y la resolución judicial definitiva. Si la falta es considerada leve, el centro podría recibir un simple apercibimiento. En caso de ser calificada como grave, la sanción sería “normalmente de tipo económico”. Sin embargo, si la instrucción concluye que la infracción fue muy grave, las consecuencias se endurecen notablemente. Estas son “las que pueden dar lugar, además de una sanción económica, a la pérdida del concierto”, ha recordado la consejera. Esta última medida, la retirada de la financiación pública, es la más severa y representa un escenario posible, aunque todavía no determinado. Castillo ha sido prudente: “Yo no le puedo decir cuál es la consecuencia final del procedimiento, pero sí sabemos que el procedimiento lo vamos a llevar a cabo”.
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