Cope Zaragoza
El Ayuntamiento de Granada ha celebrado un Pleno Extraordinario para la presentación del informe anual del Defensor de la Ciudadanía, correspondiente a 2025. El documento, que recoge las quejas y sugerencias de los granadinos, revela que se ha atendido a 8.091 personas, lo que supone una reducción del 50% respecto a 2021, año que marcó un récord con 16.850 expedientes. La alcaldesa, Marifrán Carazo, ha agradecido el trabajo de la oficina y ha calificado el informe como una "herramienta útil para mejorar la ciudad". Ha subrayado que no debe entenderse como una crítica, sino como una oportunidad para "corregir aquello que sea necesario y seguir avanzando en una Granada más cercana, más humana, más accesible, más limpia, más sostenible y más justa". No obstante, la alcaldesa ha remarcado que "no podemos ser triunfalistas", ya que detrás de cada expediente hay "situaciones personales difíciles que requieren no solo una respuesta administrativa, sino también una respuesta humana". La principal problemática, afectando a un 16% de las atenciones, es la dificultad de la ciudadanía para relacionarse con la administración por la vía electrónica, especialmente las personas mayores. Carazo ha afirmado que esto les anima a "seguir trabajando en una cita previa más ordenada", en la simplificación de formularios y en un lenguaje más claro. La alcaldesa ha incidido en que "la modernización de la administración no puede consistir solo en digitalizar, sino también en acercar". Por ello, ha defendido que el Ayuntamiento debe continuar avanzando para que los trámites municipales sean "más comprensibles, más ágiles y más humanos". Para dar respuesta a las situaciones más urgentes, que representan el 14% de los expedientes —ayudas sociales, dependencia, salud mental, empleo, sinhogarismo y acceso a la vivienda—, se puso en marcha en 2025 la Oficina de Atención a Urgencias Sociales. Ubicada en el complejo administrativo de Mondragones, esta oficina atiende casos como la pérdida sobrevenida de vivienda, cortes de suministros, falta de alimentos o violencia de género. "Una emergencia social no entiende de horarios administrativos, y una administración cercana tiene que estar preparada para responder cuando una familia lo necesita", ha señalado Carazo. En materia de vivienda, la alcaldesa la ha calificado como "una de las grandes preocupaciones de los granadinos" y una "prioridad absoluta" para su gobierno. Ha defendido que el consistorio actúa desbloqueando suelo, agilizando licencias y promoviendo vivienda protegida y asequible. Carazo ha puesto en valor que en tres años se han impulsado más de 3.000 nuevas viviendas en Granada, de las cuales más del 50% son protegidas. El objetivo, ha dicho, es que "los jóvenes puedan quedarse en Granada" y las familias desarrollen su proyecto de vida en la ciudad. Los problemas derivados de los cortes de luz, que en 2024 fueron la principal queja, han pasado a ocupar el tercer lugar en 2025. La alcaldesa considera que esto "denota un avance", pero ha insistido en que "no podemos decir que esta problemática esté solucionada", especialmente en el distrito Norte. El informe también recoge problemáticas sobre movilidad, ruidos, limpieza y mantenimiento urbano. Al respecto, el Ayuntamiento ha implementado medidas como la Zona de Bajas Emisiones, un nuevo contrato de limpieza y jardines, el refuerzo de la Policía de Barrio y planes de obras y asfalto. Finalmente, Carazo ha insistido en la necesidad de un "gran acuerdo estatal que fortalezca las competencias de los ayuntamientos" y mejore la financiación local, lo que considera "una asignatura pendiente de nuestra democracia". Ha concluido que asuntos como la dignidad de las personas, los servicios públicos, la vivienda o la seguridad deben unir a todos para "construir juntos una ciudad mejor".
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