El Colombiano
La Contraloría de Bogotá emitió un fallo con responsabilidad fiscal, en primera instancia, contra la empresa Jardines de Luz y Paz S. A. S ., antigua concesionaria encargada de administrar los cementerios distritales Norte, Sur, Central y Serafín. El organismo de control calculó el presunto detrimento patrimonial en cerca de 7.500 millones de pesos, tras detectar irregularidades en el manejo de recursos públicos asociados a servicios funerarios. Las observaciones están relacionadas con el contrato de concesión 415 de 2021, firmado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y la compañía. Según la investigación adelantada por la Contraloría, parte del dinero recaudado durante la operación habría sido administrado por fuera de los mecanismos financieros autorizados. El ente de control concluyó que recursos provenientes de los servicios funerarios fueron consignados en cuentas distintas a las contempladas en la fiducia establecida dentro del contrato. Además, señaló que una parte importante de los pagos se recibió en efectivo directamente en los cementerios, sin que esos montos ingresaran a las cuentas fiduciarias oficiales. De acuerdo con las cifras del proceso, el 37,57 % de los ingresos obtenidos en la concesión se habría recaudado bajo esa modalidad. Para la Contraloría, esto representó un incumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la administración transparente de recursos públicos. Daniel Camilo Castilla, director de Servicios Públicos de la entidad, afirmó que la decisión busca proteger el patrimonio de la ciudad y reforzar las exigencias de control sobre el manejo de dineros públicos. Lea además: Cinco miembros de una familia asesinados por una presunta guerra entre dueños de carnicerías en Bogotá “La administración de recursos públicos exige total transparencia y cumplimiento de las obligaciones contractuales ”, dijo. Además de la sanción fiscal, la Contraloría remitió copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe posibles responsabilidades penales derivadas de los hallazgos. Por su parte, la Uaesp respaldó la decisión y aseguró que actualmente avanza en el cierre y liquidación del contrato con el antiguo operador. La entidad indicó también que adelanta acciones jurídicas y administrativas orientadas a proteger los intereses del Distrito y garantizar la continuidad de los servicios funerarios en Bogotá. Sin embargo, el proceso aún no está en firme. Al tratarse de un fallo de primera instancia, la concesionaria puede acudir a distintos recursos legales. De hecho, Jardines de Luz y Paz ya presentó un recurso de reposición y apelación contra la decisión. Le puede interesar: Revelan escalofriantes detalles sobre el hallazgo en Bogotá del profesor Kevin Santiago Ángel En ese documento, compartido y revelado por El Tiempo , la defensa de la empresa sostuvo que durante la estructuración financiera de la fiducia se detectaron dificultades para implementar el modelo inicialmente previsto. Según el concesionario, las discusiones entre la Uaesp, la Fiduciaria Occidente y la compañía llevaron a modificar el esquema operativo planteado en el contrato. La empresa argumentó que, debido a esos cambios, fue necesario habilitar una cuenta bancaria transitoria para recaudar los pagos por servicios funerarios, la misma que hoy hace parte de la controversia fiscal. Entérese: ¿Qué encontraron en el centro estético donde estuvo Yulixa Toloza? Eder Parada, representante legal de Jardines de Luz y Paz, sostuvo en el recurso que los dineros fueron utilizados para cumplir las obligaciones de la concesión y que posteriormente los recursos restantes sí fueron trasladados a las cuentas ligadas a la fiducia mercantil. “Esas obligaciones fueron debidamente cumplidas por parte del concesionario, al realizar el debido recaudo en las cuentas bancarias creadas y utilizar parte de los recursos recaudados para el cumplimiento del objeto de la concesión, y el dinero restante fue enviado a las cuentas recaudadoras creadas en la fiducia mercantil”, le dijo Parada al medio citado. El recurso de apelación está en revisión. Le puede interesar: Activista que atacó sede de Paloma Valencia aparece con contrato vigente en la UNGRD; Centro Democrático hará denuncia penal Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .
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