Cope Zaragoza
Irene Fuster, una técnica sociosanitaria de Es Mercadal (Menorca) de 45 años, ha convertido su caso en un símbolo de la lucha contra la burocracia. Tras una operación que derivó en una hemiplejia derecha y una discapacidad reconocida del 65%, la Seguridad Social le ha denegado la incapacidad permanente y la obliga a reincorporarse a su puesto de trabajo. Una labor físicamente exigente que ahora le resulta imposible de realizar, ya que necesita la ayuda de una tercera persona para tareas cotidianas como ducharse o vestirse. La vida de Irene dio un giro drástico hace más de un año. Lo que comenzó como una intervención para tratar varias hernias cervicales, pese a que intentó aguantar, finalmente se tuvo que operar tras pinzarse un nervio. La operación, que al principio parecía que había ido bien, finalmente derivó en un desenlace fatal y le provocó una hemiplejia en el lado derecho de su cuerpo. "Yo era una persona muy dinámica, muy activa, deportista, y creía que tenía fuerza suficiente para aguantar el mal y no tener que ir a la operación", relata. Sin embargo, no me quedó más remedio tras el pinzamiento. El proceso con la Seguridad Social comenzó tras los 180 días de baja iniciales, a los que siguió una prórroga de 135 días. Al finalizar este periodo, recibió una notificación que desestimaba su solicitud de incapacidad, argumentando que no presentaba problemas inherentes para su puesto. La mayor indignación para Irene es que esta decisión se tomó a ciegas, sin ningún tipo de evaluación personal. "Es una parte increíble y que no tiene explicación", denuncia. La falta de contacto humano ha sido total: "No ha habido ni visita presencial, ni por videollamada, ni por teléfono". A pesar de que acudió presencialmente en dos ocasiones a las oficinas para entregar toda la documentación que acredita su estado, siente que su expediente no ha sido debidamente atendido por el equipo de valoración de incapacidades (EVI). "Me siento muy decepcionada, muy triste... estoy abandonada", confiesa con la voz rota. La situación es aún más paradójica si se tiene en cuenta la naturaleza de su empleo. Irene trabaja en la Fundación de Personas con Discapacidad de Menorca, un puesto que consiguió con mucho esfuerzo y que describe como "totalmente físico y asistencial". Su labor implicaba el acompañamiento continuo a personas con discapacidad intelectual, conviviendo con ellas y cubriendo todas sus necesidades, una tarea que requiere estar en plenas facultades físicas y psicológicas. A pesar de la resolución administrativa, la empresa ha mostrado una gran empatía. Desde el primer momento, el departamento de Recursos Humanos le comunicó que no se presentara a su puesto, conscientes de su estado. Actualmente, están intentando encontrar una forma de reubicarla, una opción que Irene ve como "una locura". "¿Cómo pueden reubicar a una persona que necesita a otra para ducharse o salir a la calle?", se pregunta con impotencia. Mientras su futuro laboral y económico pende de un hilo, Irene Fuster ha decidido alzar la voz. Su objetivo no es solo resolver su situación, sino también dar visibilidad a un problema que afecta a muchas otras personas. "Cada granito de arena es una ayuda para futuras personas a las que les pueda pasar lo mismo", afirma, agradecida por la oportunidad de compartir una historia que refleja la deshumanización de un sistema que, en su caso, le ha dado la espalda.
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