COPE
Agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Policía Local de Cáceres y funcionarios de Vigilancia Aduanera han desarrollado la operación conjunta 'Operación Fake II' en la Feria de San Fernando de Cáceres. La actuación se ha saldado con la intervención de cerca de 5.000 artículos falsificados, valorados en más de 1,1 millones de euros, y la investigación de tres personas por un presunto delito contra la propiedad industrial. El dispositivo se activó el pasado 22 de mayo en el Recinto Ferial de Cáceres, donde los agentes detectaron varios puntos de venta que comercializaban prendas de marcas de reconocido prestigio. Durante la actuación, fueron identificados los responsables de tres puestos de venta ambulante, todos ellos varones. Al solicitarles la documentación, los vendedores manifestaron disponer únicamente de albaranes de compra del polígono Cobo Calleja (Madrid) y carecer de facturas oficiales. Además, reconocieron que "las prendas eran falsificadas y que las comercializaban a un precio inferior al del mercado original". Como resultado del operativo, los agentes procedieron a la aprehensión de 4.850 prendas falsificadas de distintas marcas, cuyo valor en el mercado superaría los 1.120.000 euros. El material fue trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, donde quedó depositado y precintado. Durante el dispositivo, la Guardia Civil también interpuso varias denuncias por contrabando al detectar la venta de productos dirigidos a menores, como peluches, muñecos y juguetes, sin acreditación de su procedencia legal. Los responsables no pudieron presentar facturas ni documentación que garantizara su trazabilidad. En total, se intervinieron 157 muñecos, 122 juguetes y 31 paquetes de muñecos. Estos productos no garantizaban el cumplimiento de la normativa de seguridad aplicable, lo que supone un riesgo para los menores por la posible presencia de materiales o elementos peligrosos. La venta de artículos falsificados no solo constituye un delito contra la propiedad industrial, sino que también genera un importante perjuicio económico para las marcas, fomenta la economía sumergida y puede poner en riesgo la seguridad de los consumidores al no haber superado los controles de calidad exigidos.
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