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Cuatro de cada diez parejas que se rompen se ven obligadas a convivir por motivos económicos y sobre todo, por la vivienda. Lola López-Muelas, presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) pone el dato de manifiesto: «Esto al final genera violencia y quien lo paga más son los menores». La asociación, junto a la Societat Catalana d’Advocats de Família reúne en Palma a alrededor de 200 juristas especializados en el área para debatir, entre otras cuestiones, el impacto del precio de la vivienda en los procesos y el alcance negativo que está teniendo la refoma de la administración de Justicia introducida por la Ley de Eficiencia.
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