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La Unión Sindical de Inspectores de Educación de Andalucía (USIE) ha alertado sobre la "desbordante y preocupante avalancha de actuaciones incidentales" que saturan las agendas de la Inspección. En un comunicado, el sindicato denuncia una asfixia burocrática y ha expresado la necesidad "urgente" de "redefinir las prioridades del sistema". Esta advertencia se produce en plena polémica por el caso de Sandra Peña. Durante una jornada en Málaga, se ha analizado el auto judicial que decretó el sobreseimiento de la causa por homicidio imprudente contra los profesionales del centro. El sindicato considera que este análisis normativo arroja luz "para desmitificar el pánico legal y vulnerabilidad jurídica que atenaza la gestión diaria de las escuelas". Desde la central sindical lamentan que se esté perdiendo el foco principal de la educación. "La inercia de volcar de forma sistemática cualquier crisis judicial sanitaria o social en las escuelas está desvirtuando por completo la verdadera esencia de la educación, que no es otra que formar íntegramente al alumnado para la mejora de la sociedad", recoge el comunicado. El debate técnico ha servido para clarificar la diferencia entre una irregularidad administrativa y una responsabilidad penal. "Un defecto de forma o un retraso cronológico en la cumplimentación de los anexos burocráticos de la plataforma digital Séneca constituyen, de manera inequívoca, una irregularidad de carácter puramente administrativo, pero en ningún caso puede derivar de forma automática en una responsabilidad penal", señalan desde USIE. Para que prospere la vía criminal, continúan, "se requiere la concurrencia de cuatro requisitos cumulativos". En el caso analizado, "se constató que elementos nucleares como la posición fáctica de garante no se pudieron dar al haber concurrido el trágico desenlace fuera del horario y del recinto escolar". Finalmente, USIE ha apuntado a "casuísticas reales y extremas" que se gestionan a diario en los despachos de la Inspección. Entre ellas se encuentran presiones de bufetes de abogados que "exigen historiales de puntualidad de menores como armas arrojadizas en procesos de divorcio" o el conflicto derivado del veto unilateral de actividades complementarias por progenitores no custodios.
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