Cope Zaragoza
El presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana, Fernando del Molino, ha cargado duramente contra el nuevo decreto sobre las VTC que la Generalitat tiene previsto aprobar. En una entrevista en el programa 'Mediodía Cope Más Valencia' con Carles Villeta, Del Molino ha asegurado que la norma se ha elaborado de espaldas al sector y ha advertido que la concesión de autorizaciones urbanas a las VTC "roza lo ilegal" y podría ser un caso de "corrupción", anunciando una inminente batalla en los tribunales. Fernando del Molino ha expresado su indignación por haberse enterado del decreto "por la prensa", calificando la situación como "una falta de respeto y una vergüenza" para un sector del que dependen más de 9.000 familias en la Comunitat Valenciana. El presidente de la confederación lamenta que el Consell no se haya sentado a negociar con los representantes del taxi, lo que interpreta como una señal de que el conflicto no terminará. "Que digan que nos va a contentar a todos ya nos da un mensaje de que las protestas y las denuncias no van a acabar", ha sentenciado. El principal temor del sector es que el gobierno autonómico conceda "autorizaciones urbanas a dedo" a las VTC, sin licitaciones, concursos públicos ni informes de necesidad de los ayuntamientos. Del Molino ha afirmado que esto "puede ser hasta casi rozando la corrupción" y que están estudiando denunciarlo ante la Unión Europea por ser considerado "ayuda de estado a empresas". Del Molino ha comparado la situación de las VTC con la de un okupa. "Ellos están ocupando un espacio que saben perfectamente que no les compete", ha afirmado, añadiendo que "es como un okupa que entra en un piso y dice, 'ahora la habitación que estoy ocupando me la tienen que legalizar'". Por ello, ha sido tajante al anunciar que el conflicto "acabará claramente en los tribunales", y no descartan "querellas penales, civiles, mercantiles" para defender sus derechos. El presidente de la confederación ha denunciado lo que considera un "pucherazo", donde autorizaciones interurbanas con un valor de 10.000 euros pasarían a costar 370.000 euros "con la varita mágica". Ha recordado el escándalo de los 'Uber files' como prueba de que estas empresas "han ido intentando comprar voluntades políticas y judiciales por toda Europa". Del Molino también ha rebatido los argumentos de los usuarios sobre los precios y la modernización. Ha alertado de que muchas VTC no tienen seguro de ocupantes y que sus conductores pueden tener antecedentes penales. Además, ha negado que sean más baratas, acusándolas de aplicar tarifas de "alta demanda" que multiplican el precio y de inflar las estimaciones de coste del taxi en aplicaciones como Google. Finalmente, Fernando del Molino ha lanzado una advertencia directa sobre la corrupción en el sector. "En taxi y VTCs estamos convencidísimos de que hay corrupción", ha declarado. Ha concluido avisando que si finalmente la justicia les da la razón y hay que indemnizar al taxi, "lo hará el ciudadano, no lo hará el político, que se irá de rositas", como se está viendo en otros casos de corrupción.
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