Muere un asesor de Magrudis testigo en el juicio y avanzan los contactos para las indemnizaciones

La Audiencia de Sevilla ha dado un paso más para el macrojuicio a celebrar desde el próximo 16 de octubre de este año, por el brote de listeriosis surgido en 2019 por la carne mechada distribuida por la empresa Magrudis pese a estar contaminada con dicha bacteria, con cuatro fallecidos y cientos de afectados. Al detalle, la Sección Séptima de dicha instancia celebraba este pasado viernes una reunión entre la Fiscalía y los abogados de las defensas, las acusaciones particulares y los posibles responsables civiles subsidiarios, para avanzar en los aspectos organizativos de este macrojuicio de gran calado, uno de los mayores celebrados por el Palacio de Justicia de Sevilla en los últimos tiempos. Esta sesión preparatoria ha estado centrada en acordar consensos gracias a los cuales agilizar el desarrollo del juicio , pues la Sección Séptima de la Audiencia tiene dispuestas para el mismo un total de 43 jornadas, comenzando el 16 de octubre de este año 2026 para finalizar el 27 de enero de 2027. O sea más de tres meses. Por eso, han sido acordados aspectos como que a la hora de las comparecencias de los afectados, los 235 lesionados estarán representados por entre diez y doce de los mismos , que serán quienes se sienten a testificar. Tal acuerdo evita así que el juicio se empantanase con tan elevado número de comparecencias individuales. En este gran cupo de afectados, los lesionados, ha pesado igualmente que 16 de ellos han dejado de estar bajo el paraguas de la asociación de consumidores Facua, siendo asumida su representación por el despacho Ateneo Abogados, que ya aglutinaba a buena parte de este colectivo. Las víctimas de los siete abortos provocados por el brote de listeriosis sí comparecerán individualmente y en el caso de los cuatro fallecidos, será un heredero de cada uno de ellos quien declare ante el tribunal. Serán obviamente las comparecencias de mayor calado de entre las víctimas, porque los daños son irreparables. Ha quedado además de relieve el fallecimiento de uno de los asesores de Magrudis que estaba citado como testigo en el juicio y, además, la ocasión habría reflejado los contactos mantenidos entre las diferentes partes del proceso judicial. Especialmente, pesaría la postura de las compañías aseguradoras involucradas en las responsabilidades civiles reclamadas en el caso, de facilitar las indemnizaciones solicitadas por los afectados, siempre que mediase antes la renuncia de la Junta de Andalucía a su reivindicación de ser resarcida por las mismas con unos tres millones de euros por los gastos médicos afrontados a cuenta del brote. Sobre la Junta recae pues la opción de allanar el camino de las indemnizaciones que esperan los afectados. Antes de esta sesión organizativa, la Audiencia ya había aceptado que los acusados declaren al final del juicio, o sea tras la práctica de las pruebas testificales y periciales, merced a la petición cursada en ese sentido por sus defensas. También con relación al cronograma previsto entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre, el tribunal emitía tiempo atrás una providencia reservando los dos primeros días del juicio, el 16 y el 19 de octubre, para las cuestiones previas; mientras para el 20 de octubre fija la declaración testifical de los agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma), encuadrada en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona); y al día siguiente los demás agentes de dicho grupo y otras testificales de efectivos de la Policía Nacional. Los inculpados, recordémoslo, son José Antonio Marín Ponce, administrador de hecho de Magrudis; su mujer, Encarnación Rodríguez Jiménez, responsable de producción y puesta en marcha del sistema de autocontrol de la empresa; y sus hijos Sandro José Marín Rodríguez, administrador único de la citada mercantil, y Mario Marín Rodríguez; además de Sergio L.G. por su papel como arquitecto técnico contratado por la empresa Magrudis y María José O.B., inspectora veterinaria municipal. Entre los no pocos testigos propuestos para el juicio y admitidos por el tribunal figuran además varios trabajadores de Magrudis, cuya nave fue intervenida por la Guardia Civil. También testificarán numerosos funcionarios municipales, como un técnico responsable del laboratorio del Ayuntamiento de Sevilla, el coordinador de Seguridad Alimentaria y Salud Ambiental, una veterinaria inspectora, el responsable de Protección Ambiental o la jefa de Servicio de Consumo del Consistorio; además de responsables de la Junta de Andalucía, como el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica o un agente de protección de la salud del distrito sanitario Aljarafe-Sevilla Norte; contando además el juicio con diferentes peritos. El auto de apertura de juicio oral del Juzgado de Instrucción número diez, recordémoslo, se dirigía contra cinco de los investigados -Sandro José M.R., José Antonio M.P., Mario M.R., Encarnación R.J. y María José O.B.-, Magrudis S.L. y Elaborados Cárnicos Mario S.L. por u n delito contra la salud pública en concurso ideal con cuatro delitos de homicidio imprudente, siete delitos de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 245 delitos de lesiones por imprudencia grave, declarando responsables civiles a las compañías de seguros Axa S.A., Aig Europe S.A. (sucursal España) y Zurich España Compañía de Seguros y Reaseguros. Al arquitecto Sergio L.G. le achacaba un posible delito de falsedad documental. Además, el Juzgado declaraba responsable civil subsidiario de estos delitos al Ayuntamiento de Sevilla , que cuenta con la citada inspectora veterinaria municipal como acusada en la causa. De cara al juicio, la Fiscalía reclama once años y medio de cárcel para Antonio Marín Ponce y su hijo Sandro José Marín Rodríguez y diez años para su otro hijo Mario Marín Rodríguez y para Encarnación Rodríguez Jiménez, esposa de Sandro José. También reclama un año y medio de prisión para el arquitecto Sergio L.G., por el delito de falsedad documental. De este modo, la Fiscalía no presentó acusación contra la veterinaria del Ayuntamiento, quien figura como acusada en la causa y se sentará en el banquillo de los acusados.

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