ABC
Los virulentos ataques de un ministro del Gobierno contra los medios de comunicación que destapan sus escándalos, entre otros este periódico, denotan cómo el Ejecutivo combina la estrategia del 'lawfare' con una campaña de descalificación que desde hace dos años pasa por tachar de bulos las informaciones que no le convienen. Las declaraciones de Óscar Puente están perfectamente en línea con la presunta trama criminal que se organizó desde el PSOE para desacreditar operaciones policiales y judiciales. Vuelve el Gobierno a recurrir al lodo cuando se hace público que los seudomedios eran justamente los suyos, que estaban pagados desde el Partido Socialista y que las tesis de Ferraz y la Moncloa funcionaban gracias a la colaboración de interesada de un sector de la prensa, dedicada a proteger al Gobierno. Es legítimo que existan cabeceras y programas con líneas editoriales distintas, incluso contrapuestas, diferencias que constituyen un signo de pluralidad y de salud democrática. Desgraciadamente, lo que hoy sucede no responde a diferentes maneras de ver el mundo. El modelo periodístico se degrada cuando algunos medios –y de forma especialmente grave determinados espacios de la televisión pública– dejan de ejercer su función fiscalizadora para actuar como coartada del poder. El periodismo está llamado a controlar al poder, no a servirle de escudo. Desde la cadena pública y desde otros medios se han encubierto tropelías gubernamentales mediante la propagación de bulos, la desacreditación sistemática de informaciones relevantes publicadas por otros compañeros y la descalificación zafia de noticias incómodas bajo la etiqueta interesada de 'fake news'. En definitiva, se han convertido en correa de transmisión de la propaganda oficial engrasada con dinero público. Esta misma semana hemos visto cómo desde la parrilla ideologizada de Televisión Española y desde los discursos de algunas de sus colaboradoras se difundía el argumentario, tan vacío como peligroso, de que las investigaciones en marcha vinculadas a la gran trama socialista constituían un intento de golpe de Estado. Desde ámbitos mediáticos especialmente cortesanos con la Moncloa se han intentado desmontar mediante tácticas impropias informaciones que el tiempo ha terminado confirmando como ciertas. No les bastó con renunciar a controlar al poder; decidieron protegerlo y atacar a quienes se atrevían a publicar aquello que lo comprometía. Ese ejercicio de antiperiodismo resulta profundamente dañino para una sociedad abierta. No son prensa quienes renuncian a ejercer su función de contrapoder. No son prensa cuando callan los abusos de quienes gobiernan. No son prensa cuando difunden falsedades en nombre de la verdad. No son prensa cuando atacan a sus compañeros. No son prensa cuando intentan desacreditar informaciones incómodas, calificándolas de bulos. No son prensa, en definitiva, cuando se transforman en una extensión corrupta de los gabinetes gubernamentales, escondidos tras el parapeto de un periodismo que mancillan cada día desde sus portadas, sus platós, sus mesas y sus micrófonos, que actúan como extensiones del Gobierno para degradar la democracia. Es ese tipo de prensa el que precisamente defienden Óscar Puente y el Gobierno del que forma parte como genuino ministro de propaganda.
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