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La Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional celebra su vigésimo quinto aniversario en un momento crucial, con Málaga consolidada como un punto estratégico para las formas más complejas y lucrativas del crimen organizado. La posición geográfica de la provincia, su aeropuerto internacional, su puerto, una enorme actividad turística y un constante crecimiento poblacional la convierten en un territorio especialmente sensible a la trata de seres humanos, la explotación laboral y sexual, el uso de documentación falsa y los fraudes a la Hacienda Pública. El inspector jefe de la UCRIF de la Comisaría Provincial de Málaga, Álvaro Belda, ha desgranado la realidad de una provincia que se ha convertido en un referente para la delincuencia. Según explica, las competencias de extranjería son exclusivas de la Policía Nacional y se dividen en tres áreas: el control de fronteras en puertos y aeropuertos, los procedimientos administrativos para la documentación de ciudadanos y, finalmente, la investigación de delitos, que es la labor principal de la UCRIF. Esta unidad se enfoca en perseguir la explotación, la trata, la falsedad documental, la creación de estructuras societarias para defraudar y el favorecimiento de la inmigración ilegal. La relevancia de la provincia en el mapa delictivo nacional es innegable. "Yo creo que Málaga hoy en día quizás está en el top 5 de las unidades policiales más importantes de toda España", afirma Belda. El inspector jefe va más allá y asegura que el tradicional papel de Barcelona como "la escuela de policía" se ha trasladado a la Costa del Sol. "Hoy en día esa escuela yo creo que ha pasado a Málaga, porque Málaga no es solo Málaga, es la Costa del Sol", sentencia, aludiendo a la conurbación de siete grandes poblaciones como Marbella, Torremolinos o Fuengirola que conforman un núcleo con un potencial económico y demográfico único en España. Varios factores convierten a Málaga en un enclave estratégico para estas redes. Además de su situación en el litoral mediterráneo, que concentra gran parte del poder económico y poblacional del país, su proximidad a la costa marroquí y su conexión directa con Ceuta y Melilla son determinantes. A esto se suma que su aeropuerto es, después de los de Madrid y Barcelona, "el principal aeropuerto de llegada a España", canalizando, por ejemplo, al 40% de la población británica que visita el país. La existencia de comunidades extranjeras muy asentadas también genera un caldo de cultivo para las redes. El perfil de las organizaciones criminales y sus métodos han evolucionado significativamente en los últimos 25 años. El inspector jefe de la UCRIF explica que la imagen del "explotador duro, agresivo, que utiliza medios físicos" ha dado paso a una criminalidad más sutil y tecnológica. La coacción se ejerce ahora de formas mucho más complejas y difíciles de detectar para las autoridades. "Ahora es casi más habitual la explotación o el seguimiento a través de las redes sociales", detalla Belda. Las nuevas formas de sometimiento incluyen las amenazas a familiares en los países de origen y las presiones económicas, lo que complica enormemente la investigación. Esta complejidad se extiende a delitos como la suplantación de identidad, donde personas en España trabajan para organizaciones cuyos líderes operan desde el extranjero. La trata de personas ya no se limita exclusivamente a la explotación sexual de mujeres. La UCRIF detecta una tendencia creciente de explotación laboral que afecta a hombres. Provincias como Málaga, Almería, Granada o Murcia demandan una gran cantidad de mano de obra, especialmente en sectores como la agricultura o la hostelería, y las redes se aprovechan de esta necesidad para introducir inmigrantes sin la documentación requerida, sometiéndolos a condiciones abusivas. Para combatir este fenómeno, la UCRIF mantiene una colaboración estrecha con la Inspección de Trabajo. En el ámbito de la explotación sexual, el marco legal español presenta un desafío. Velda aclara que "la prostitución como tal no es delictiva", lo que se persigue son "las condiciones en las que se realiza esa actividad", es decir, la explotación. El problema reside en demostrarla, ya que muchas víctimas, por miedo, por un estado de necesidad, por no tener documentación o por la obligación de enviar dinero a su familia, afirman ejercerla de forma voluntaria. Para ganar la confianza de estas personas, la colaboración con el "tercer sector", como ONGs y otras entidades sociales, es fundamental, ya que a menudo son el primer contacto de las víctimas. La conexión de estas redes con otros delitos como el blanqueo de capitales o el narcotráfico es una constante. Por ello, la UCRIF, al igual que otras unidades de policía judicial, cuenta con equipos de investigaciones patrimoniales paralelas (IPLA). "Hoy en día no puedes hacer una investigación de policía judicial sin una investigación patrimonial", subraya Belda, resumiendo la estrategia con la máxima del caso Watergate: "Follow the money" (Sigue el dinero), porque "al final el dinero te lleva al origen de todo" afirma. Las estructuras criminales presentes en la provincia son diversas y, a menudo, mixtas, con participación de ciudadanos españoles. Según el inspector, la explotación laboral está más vinculada a redes de origen africano y asiático, mientras que la explotación sexual es más "prototípica" en grupos de países hispanoamericanos. También se detecta un importante favorecimiento de la inmigración irregular con el objetivo de usar España como país trampolín hacia destinos como Reino Unido, Irlanda, Canadá o Estados Unidos, una actividad en la que predominan las redes de Oriente Próximo. En cuanto a la falsedad documental, la tecnología ha cambiado las reglas del juego. Contrario a la creencia popular, la falsificación física de documentos es casi residual. "El 80, 85 por 100 de las falsedades son suplantaciones", revela el inspector. El uso de chips biométricos en pasaportes y documentos de identidad hace que sea prácticamente imposible falsificarlos. En su lugar, las redes utilizan documentos auténticos de otras personas con rasgos similares. Las pocas falsificaciones que se detectan se centran en documentos más sencillos y sin chip, como cartas de identidad o carnés de conducir de algunos países, que permiten la movilidad dentro del espacio europeo. El trabajo de la unidad ha cosechado importantes éxitos, con sentencias que imponen penas "enormes, mucho mayores que, por ejemplo, el tráfico de drogas", lo que refleja la sensibilidad judicial y de la Fiscalía hacia estos delitos. Un ejemplo destacado es la 'Operación Girasol', reconocida por Europol, que se inició en Málaga. En esta operación, se desarticuló una red que traía a chicas ucranianas para darlas de alta y usar sus identidades para abrir cuentas corrientes destinadas a "blanquear dinero que venía de la guerra de Ucrania", un caso "bonito desde el punto de vista policial y duro desde el punto de vista personal", concluye Belda. Para facilitar la colaboración ciudadana, la Policía Nacional dispone de canales de denuncia anónima. Además del correo genérico en la página web oficial, existe un correo específico de la trata (trata@policia.es) para informar sobre cualquier situación sospechosa relacionada con la trata de seres humanos, la explotación laboral o el favorecimiento de la inmigración ilegal.
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