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Hay algo profundamente inquietante en que hayamos normalizado hablar de jueces conservadores y progresistas como si se tratara de una clasificación natural, inocua o incluso inevitable. Lo repetimos con tanta frecuencia en tertulias, medios de comunicación y debates políticos que apenas reparamos ya en la enorme contradicción que encierra. Porque si la justicia debe sustentarse sobre la imparcialidad y la aplicación objetiva de la ley, ¿qué significa exactamente que un juez sea identificado públicamente por su tendencia ideológica? ¿Y, sobre todo, qué consecuencias tiene eso para la confianza de la ciudadanía?
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