¿Emergencia habitacional?

Cuando el Gobierno está a punto de alcanzar ocho años en el poder, asistimos al espectáculo de los múltiples artilugios que utiliza para sobrevivir al no disponer de la necesaria mayoría en el Congreso. Es un Gobierno con presupuestos prorrogados desde 2023 y con un Plan Anual Normativo para 2026 en el que de las 179 iniciativas que el Ejecutivo tiene en cartera para el presente ejercicio, solo una tiene algo que ver con la vivienda. Es un reglamento técnico para transposición de parte de una directiva europea sobre eficiencia energética. Sánchez fijó la vivienda como una prioridad de legislatura, incluso creando un ministerio especifico y una ley que apenas ha producido efectos. En abril activó un Plan Estatal de Vivienda dotado con 7.000 millones; mucha propaganda como aquellas 80.000 viviendas que anunció al principio. Así, no tiene empacho en diagnosticar que estamos en «emergencia habitacional» y la atribuye al mal funcionamiento del mercado y a la especulación cuando la realidad es que no hay mercado capaz de funcionar cuando el acceso al suelo depende de décadas de trámites, planeamientos bloqueados, rectificaciones imposibles, una fiscalidad excesiva y una burocracia incompatible con cualquier emergencia real. En lugares como Ibiza, la situación ha alcanzado niveles casi absurdos. Médicos, profesores, guardias civiles y otros no pueden permitirse vivir en la isla y rechazan plazas, lo que da lugar a la pérdida de servicios públicos. Cuando una sociedad no puede alojar a quienes sostienen hospitales, escuelas y servicios públicos, el problema deja de ser inmobiliario para convertirse en crisis institucional. Mientras se celebran conferencias, simposios y todo tipo de coloquios sobre el problema, nadie parece recordar que en el artículo 47 de la Constitución se señala, sobre la vivienda, que «los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». Hay que hacer efectivo ese derecho, pero lo cierto es que entre rigidez normativa, presión fiscal y parálisis política, España corre el riesgo de convertir la vivienda en un gran fracaso social.

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