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El pasado 21 de mayo finalizó el plazo que tenían los Estados miembros de la Unión Europea para incorporar a su legislación nacional la nueva Directiva Penal Ambiental, una norma aprobada en 2024 y que endurece la persecución de los delitos de tipo ecológico. Fue una iniciativa saludada desde el movimiento conservacionista, pues permitirá perseguir más acciones que hasta ahora no eran delictivas y, además, eleva las sanciones a los infractores. Sin embargo, España todavía no ha adaptado su marco jurídico a esta norma europea.
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