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Cáritas Diocesana de Valladolid ha presentado la memoria de actividades del año 2025, un ejercicio en el que ha acompañado a 6.195 personas en situación de vulnerabilidad a través de sus diferentes programas. La entidad ha alertado de que la falta de una vivienda digna se ha convertido en el mayor factor de exclusión social, una problemática que se suma a la precariedad laboral y a las dificultades de los jóvenes. El gasto total de la organización ascendió a más de 4,2 millones de euros. Bajo el lema “Elige amar, elige comunidad”, la organización de la Iglesia ha reivindicado su modelo de acción social, centrado en un acompañamiento personalizado, integral e innovador. En 2025, la ayuda de Cáritas llegó a 4.152 hogares del territorio vallisoletano a través de sus 10 programas diocesanos y las 55 Cáritas Parroquiales. Además, la entidad ha mantenido su compromiso internacional con proyectos en Puyo (Ecuador) y Anador (Marruecos), de los que se han beneficiado 1.672 personas. La vivienda ha ocupado un lugar central en la acción de Cáritas y se ha identificado como una “preocupación social de primer orden”. Desde la entidad se ha subrayado que la falta de un hogar adecuado es el origen de muchos de los sufrimientos que acompañan. “Sin un hogar adecuado es imposible desarrollar una vida digna, porque condiciona la salud física, psicológica, la salud emocional y también la salud social”, han señalado. Para paliar esta situación, Cáritas ha destinado casi 400.000 euros en ayudas económicas para 430 familias (1.061 personas), destinadas principalmente al pago del alquiler y de suministros básicos. Adicionalmente, 86 personas de 55 familias han sido acogidas en los recursos residenciales de la organización. La entidad ha hecho un llamamiento a la solidaridad de los propietarios de viviendas vacías para que las pongan en alquiler social asequible, que cifran en un máximo de 400 o 500 euros. El perfil de las personas vulnerables se ha diversificado. El informe FOESA ya apuntaba a colectivos como personas en paro o con empleo precario, hogares sin ingresos, jóvenes y personas de nacionalidad no española. Preocupa especialmente la situación de los jóvenes, ya que uno de cada cuatro se encuentra en situación de exclusión social. Asimismo, ha emergido con fuerza la figura de los “trabajadores pobres”, personas que, pese a tener un empleo, no pueden mantener unas condiciones de vida dignas debido a la inestabilidad laboral grave o a un salario insuficiente. “Tener un empleo ya no te garantiza salir muchas veces de la pobreza”, han lamentado desde Cáritas, señalando que el encarecimiento de la vivienda, con una subida del 31% desde 2018, es un factor clave en esta nueva realidad. Cáritas ha valorado muy positivamente el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, una iniciativa que la Iglesia ha impulsado desde 2021. La entidad lo considera un “acto de justicia social” y una herramienta clave para sacar a muchas personas de la exclusión y la invisibilidad. En este proceso, el papel de Cáritas se ha centrado en informar, acompañar en la preparación de documentos y ofrecer apoyo económico. Desde la organización se ha defendido que la regularización es una “cuestión de dignidad humana y de bien común”, ya que la irregularidad administrativa genera una exclusión “injusta”. Aunque se reconoce la competencia del Estado para ordenar los flujos migratorios, se pide que se haga con políticas “ordenadas y humanizadoras” y en coordinación con el resto de Europa. En cuanto a las cuentas, la memoria refleja un gasto de más de 4,2 millones de euros, con un incremento de 400.000 euros respecto al año anterior. La administradora de la entidad, Cristina Martín, ha explicado que la mayor parte de los ingresos, cerca de un 70%, proviene de fondos privados (socios, donantes y herencias). Sin embargo, ha alertado de una “tendencia constante a la baja” en los donativos y socios, lo que compromete la estabilidad a largo plazo. Por ello, se ha hecho un llamamiento a la sociedad para que se sume como socia y ha recordado la importancia de marcar las dos casillas en la declaración de la renta, la de la Iglesia y la de fines sociales, de donde proceden parte de las subvenciones públicas que recibe la entidad, que en 2025 supusieron en torno al 29% de la financiación.
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