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Los puertos deportivos de Baleares viven un momento de enorme tensión. Conseguir un amarre se ha convertido en una misión casi imposible para miles de residentes, con casos de subidas de tarifas de hasta un 400% y listas de espera que superan las 7.200 solicitudes solo en los puertos de gestión directa de Ports IB. Para entender la situación, el experto en el sector náutico balear, José Luis Miró, analiza una crisis que, advierte, no es nueva. Según Miró, "la imposibilidad de acceder a un amarre es algo que ya se viene arrastrando desde hace más de una década". El problema de fondo es sencillo: no hay suficientes amarres para la cantidad de barcos que los demandan. Además, las cifras oficiales no reflejan la magnitud real del problema, ya que a la lista de espera de los puertos de gestión directa "habría que añadirle las listas de espera que hay en cada uno de los puertos en concesión". Los desorbitados incrementos de precios denunciados por algunos usuarios no son casos aislados, sino una tendencia generalizada. Esta situación, explica Miró, está directamente relacionada con el fin de los periodos de explotación: "donde finaliza la concesión, un antiguo concesionario da paso a otro y hay una inmediata actualización de las tarifas". Baleares se ha convertido en el centro de la náutica en el Mediterráneo, un polo de atracción para el chárter, el turismo náutico y la industria de reparación de embarcaciones. Esta alta demanda lo convierte en "el destino más deseado del Mediterráneo y, por tanto, es el que tiene más presión", afirma el experto. Esta presión tiene una consecuencia directa: la navegación está dejando de ser una actividad accesible para la clase media balear. El elevado coste de los amarres, el bien más escaso y caro, "está impidiendo que mucha gente, residentes, clases medias de Baleares, puedan acceder a la náutica". Esto ha abierto un debate sobre cómo garantizar el acceso al mar de los residentes, considerado por algunos un espacio de ocio natural. El diagnóstico de Miró es contundente: "en la actualidad una economía media no se puede permitir el acceso al mar". Los puertos, asegura, "están cada vez más gentrificados, eso es una realidad y el acceso es muy difícil". Los clubes náuticos, con tarifas más populares para socios, ofrecen un respiro, pero la movilidad es mínima. "El que tiene un amarre no lo suelta", sentencia. En este contexto, la reciente modificación de la Ley de Puertos ha sido recibida como una "gran noticia para el sector". Según Miró, la nueva normativa da estabilidad y continuidad a las empresas gestoras, lo que contribuirá a "contener sus precios" al evitar las licitaciones constantes que provocan la subida de tarifas. La ley amplía la concesión máxima hasta los 50 años, permitiendo prórrogas de 15 años a cambio de inversiones para mejorar el servicio. Miró destaca que la ley es positiva para los clubes náuticos, ya que abre la puerta a que aquellos con una destacada actividad deportiva y declarados de utilidad social puedan acceder en el futuro a una concesión directa sin licitación.
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