Un coste diferido

El fin de las ayudas fiscales a la electricidad y el gas, y previsiblemente a finales de mes a los carburantes , confirma una realidad incómoda: muchas medidas adoptadas durante los episodios de tensión energética no resolvieron el problema de fondo, sino que lo aplazaron. La subida de las facturas que ahora afrontarán hogares y empresas es, en buena medida, la inflación que se evitó contabilizar hace unos meses mediante una reducción temporal de impuestos. Estas intervenciones pueden justificarse en circunstancias excepcionales, pero prolongarlas entraña costes. Al amortiguar artificialmente la señal de precios, se reduce el incentivo para ajustar el consumo ante un 'shock' de oferta y se dificulta la adaptación de familias y empresas a una nueva realidad energética . Además, el alivio fiscal genera una ilusión de protección que termina cuando las ayudas expiran. Entonces reaparece el problema original, acompañado de un repunte estadístico de la inflación. Gobernar no consiste en desplazar los costes en el calendario, sino en afrontarlos de manera sostenible.

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