El Plural
La estrategia del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ha cruzado una línea de no retorno en la política española. No se trata de hacer oposición, ni siquiera de desgastar al Ejecutivo; el objetivo real, milimetrado y obsesivo, es enrarecer el ambiente público hasta niveles asfixiantes para forzar la dimisión de Pedro Sánchez a cualquier precio. Ante la flagrante incapacidad de articular una mayoría parlamentaria alternativa, la derecha ha decidido que, si no puede ganar en las urnas, gobernará mediante la parálisis institucional. El verdadero drama de este asedio no es la virulencia del PP —un guion de sobra conocido—, sino la preocupante fragilidad de las filas propias. Resulta desalentador ver cómo destacados miembros del PSOE, con una mezcla de ingenuidad y pánico demoscópico, ya han comprado el relato de la derecha: asimilar una mera investigación judicial con una condena en firme. Aquellos socialistas que hoy corren a hacer declaraciones o a firmar artículos exigiendo elecciones inmediatas están olvidando las lecciones de nuestra propia historia y cediendo ante el acoso mediático y judicial. Estos días de ruido ensordecedor e informaciones teledirigidas me han llevado a reflexionar sobre el gran engaño colectivo que estamos viviendo. La amnesia política es el mejor aliado de quienes juegan sucio, pero la hemeroteca es implacable y nos demuestra que la estrategia del PP no es nueva; es un rodillo que lleva décadas triturando reputaciones con un fin puramente electoral. Conviene recordar lo sucedido en Castilla y León a finales de los años ochenta con el presidente socialista Demetrio Madrid. Fue imputado en un proceso judicial penal, lo que le empujó a dimitir por una estricta ética política para no dañar a la institución. Tiempo después, la justicia lo declaró completamente inocente de todos los cargos. Sin embargo, el daño ya era irreversible: el Partido Popular logró su objetivo político, asaltó el poder en esa comunidad autónoma y, desde entonces, no han dejado de gobernarla. La inocencia llegó tarde; el poder ya había cambiado de manos. El caso de Andalucía con Manuel Chaves y José Antonio Griñán sigue un patrón similar de linchamiento sistemático. Aquella macrocausa instruida por la jueza Mercedes Alaya destrozó por completo la imagen del socialismo andaluz y sepultó la honorabilidad personal de sus dirigentes. Décadas de gestión y dignidad constitucional quedaron borradas bajo el peso de un relato condenatorio previo al juicio. Ha tenido que ser el Tribunal Constitucional el que enmiende de forma drástica aquellas sentencias al delimitar la legalidad de los actos políticos y presupuestarios, amparando los derechos fundamentales de los exdirigentes y desmontando el exceso punitivo de los tribunales previos. El daño ya estaba hecho, la Junta de Andalucía perdida, y la verdad jurídica ha tardado tanto en llegar que el dolor infligido es ya irreparable. Ese es lo que realmente les importaba a los que iniciaron la cacería. Esta perversa maquinaria no solo opera en las altas esferas del Estado; se ceba con especial crueldad en el ámbito municipal. Lo viví muy de cerca en mi etapa como...
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