Cope Zaragoza
Las compras online de bajo coste en plataformas como Shein, Temu o AliExpress tienen los días contados tal y como se conocen. A partir del 1 de julio de 2026, la Unión Europea aplicará un arancel fijo de 3 euros a los paquetes de menos de 150 euros procedentes de fuera del territorio comunitario. A esta medida se suma el debate en Canarias sobre la posible eliminación de la exención del IGIC para estos mismos pedidos, una decisión que enfrenta las posturas de consumidores y comerciantes y que podría duplicar el coste final de muchos productos. Para los consumidores, la noticia supone un golpe directo a su bolsillo. Mónica Bethencourt, presidenta de la Asociación de Consumidores de Canarias (CONCA), califica la medida como una mala noticia para el consumidor canario. Aunque reconoce que la UE busca frenar el auge del gigante asiático y regular una situación de competencia desleal, subraya que la particularidad de las islas no se está teniendo en cuenta. Bethencourt argumenta que los canarios a menudo recurren a estas plataformas "por una falta de stock físico en las islas" y no solo por el precio. La presidenta de Conca señala un agravio comparativo, ya que el arancel se aplicará por igual a un consumidor peninsular, que tiene un IVA del 21%, y a uno canario, con un IGIC del 7%. "Cualquier cargo que pueda repercutir en el bolsillo de los consumidores nunca es una buena noticia, obviamente", afirma. Además, destaca que, con los salarios más bajos del país, para muchas familias canarias "el consumir en el producto local se ha convertido en un lujo", lo que les empuja hacia plataformas con precios ultracompetitivos a pesar de su baja calidad. Desde la perspectiva empresarial, la medida es un paso necesario y esperado. Victoria González, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, pide cambiar el enfoque y entender que la decisión de Europa busca "proteger al comercio europeo y al comercio local" de una competencia desleal que está causando estragos. González aporta un dato alarmante: "Hemos perdido 7.882 empresas canarias" desde 2020, un sector que da empleo a 156.000 familias en el archipiélago. González defiende que la regulación es una cuestión de responsabilidad. Aparte de la competencia, incide en los riesgos para la seguridad y la salud, ya que "todos esos paquetes vienen sin control aduanero", permitiendo la entrada de juguetes con materiales tóxicos o electrónica que genera riesgos de incendios. También apunta a la sostenibilidad, señalando que el transporte de millones de paquetes individuales tiene una huella de carbono muchísimo más alta. El impacto para el comprador no se limitará al arancel de 3 euros. Si el Gobierno de Canarias elimina la exención fiscal, al precio del producto se le sumará el arancel, los costes de gestión aduanera y el 7% de IGIC. En la práctica, esto podría hacer que una compra de bajo valor deje de ser rentable, ya que los recargos podrían superar el precio del propio artículo. Este cambio, sin embargo, implicaría que la recaudación del IGIC se quedaría en las arcas canarias, beneficiando a los servicios públicos de las islas. Victoria González cuestiona el modelo actual: "¿Cómo vamos a estar regalándole nuestros impuestos a las plataformas asiáticas que no pagan el IGIC aquí en Canarias?", se pregunta. Por su parte, Mónica Bethencourt, aunque está de acuerdo en que "hay que regular el comercio electrónico", no entiende por qué la administración canaria "no tiene esa sensibilidad para defender los intereses de los consumidores canarios" ante una medida que les aplicará los mismos costes que a un consumidor continental con un tipo impositivo diferente. La nueva normativa europea, que será transitoria hasta una reforma aduanera más amplia en 2028, abre una ventana para reequilibrar la competencia y proteger el tejido comercial de proximidad. Sin embargo, el debate pone de manifiesto la dificultad de encontrar un equilibrio entre la protección del comercio local, que genera empleo y riqueza en el archipiélago, y la defensa del poder adquisitivo de los consumidores en un contexto de salarios bajos y alta inflación. La decisión final de Canarias sobre el IGIC será clave para definir el futuro del consumo en las islas.
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