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El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha mantenido una reunión con representantes del servicio de ayuda a domicilio para abordar la situación actual y futura del mismo. Durante el encuentro, el equipo de gobierno ha trasladado un doble mensaje: por un lado, la exigencia de que la empresa adjudicataria cumpla con el contrato vigente y, por otro, la apertura a analizar la municipalización del servicio de cara al futuro. García ha reconocido que la empresa ha cometido “errores que se están subsanando” y ha afirmado que el Ayuntamiento ha realizado los requerimientos necesarios para corregirlos. “Vamos a exigir que cumpla hasta el último minuto de cada cosa”, ha subrayado el alcalde, defendiendo la legitimidad de las reclamaciones de los trabajadores dentro del marco contractual. A pesar de los fallos, el alcalde ha destacado los aspectos positivos que se han logrado con el contrato actual. Se ha ampliado el número de usuarios en 200 personas, se ha incrementado la plantilla con más de 50 nuevos trabajadores y se está aplicando la mejora salarial de 200 euros pactada. Estas mejoras, según García, han sido posibles gracias a una partida adicional de 1,2 millones de euros incluida por el actual equipo de gobierno. El alcalde ha sido claro al afirmar que, aunque el servicio “en términos generales, se está dando” y la mayoría de las condiciones se están cumpliendo, la empresa no ha satisfecho todas las expectativas. “¿La empresa ha cumplido con todo? Por supuesto que no. Y lo que queremos es que cumpla con todo, y en eso estamos”, ha sentenciado. En cuanto a la reivindicación de la municipalización del servicio, Bruno García ha explicado que el gobierno local se encuentra en una fase de “observación”. “Estamos observando las luces y las sombras de cómo se está haciendo en otros lugares”, ha indicado. Se trata de un tema “complejo” que requiere ser preparado “con tiempo” antes de tomar una decisión en firme. El alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento tiene la obligación de cumplir el contrato vigente, pero que paralelamente están “estudiando, observando, analizando” otras situaciones para armar una “posición firme” en el futuro. Este análisis se realiza con el margen de tiempo que permite el contrato actual. García también ha cerrado la puerta a un posible rescate del servicio, explicando que esta medida no depende de una decisión política, sino de la Ley de Contratos del Sector Público. Ha aclarado que para retirar un contrato se necesita un “incumplimiento permanente en el tiempo”, una circunstancia que, según los informes técnicos, no se da en la actualidad, ya que la empresa ha ido subsanando los errores. Finalmente, el alcalde ha recordado que el anterior gobierno mantuvo el pliego caducado durante cinco años y sacó un concurso por 15 euros la hora, una cifra que “no permitía las condiciones de mejoras laborales de los trabajadores” que sí se han implementado ahora. García ha diferenciado así entre el debate sobre el cumplimiento del contrato actual y el debate sobre el modelo de gestión a futuro.
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