El Plural
Julio Martínez Martínez, empresario señalado por el juez instructor del 'Caso Plus Ultra' y al que la derecha hace referencia para atacar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo como clientes a administraciones controladas por el Partido Popular, según reflejaba un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) del que se hicieron eco algunos medios de comunicación la semana pasada. En las últimas horas, la diputada de Más Madrid Marta Lozano hacía público en sus redes sociales que una de las empresas de Martínez, Mérida Capital S.L.U, habría resultado beneficiaria de un contrato menor que, sumado a otros de la misma naturaleza hacían un montante de alrededor de 150.000 euros. La empresa de Julito se llevó un contrato menor para la reforma de la OE Rivas por unos euros menos del límite legal. Una reforma unos 150 mil € para la que se hicieron 7 contratos en apenas 1 año, todos al borde del límite legal para su tipología. Fragmentación de libro https://t.co/LOouD1RYjz pic.twitter.com/t18oKjqody — Marta Lozano (@MartaLSabroso) June 2, 2026 La cuestión no es tanto que la región que lidera Isabel Díaz Ayuso contratara a una de las firmas de Martínez, sino la manera en la que lo hizo. En este caso concreto, junto a otras cinco empresas sumaron un total de siete contratos en apenas un año. El objetivo de los mismos fue la reforma de la Oficina de Empleo (OE) de Rivas Vaciamadrid. ElPlural.com se ha puesto en contacto con la diputada del partido que en la Asamblea de Madrid capitanea Manuela Bergerot, al tratarse de la persona que lleva días investigando los acuerdos de la administración de la Puerta del Sol con las compañías del empresario mencionado. Además, Lozano se mueve desde hace muchos meses, sino años, para arrojar luz y taquígrafos a la contratación del equipo del PP en la región. En declaraciones a este periódico, refrenda que en los hechos que aquí se recogen "todo apunta a un fraccionamiento de contratos claro". "Es una obra relativamente sencilla y se han hecho nada menos que siete contratos menores en un año (…)". Con el caso FP en la memoria La parlamentaria destaca que este modus operandi se corresponde con una práctica que desde la oposición llevan tiempo denunciando en distintos frentes. Y aquí se detiene en el que fue bautizado como 'Caso FP', que sacudió a la Autonomía conduciendo a una investigación sobre presuntas irregularidades en obras de construcción y reformas de centros públicos de Formación Profesional llevadas a cabo entre 2021 y 2023. "Todo apunta en la misma dirección", asevera, refiriéndose a la consejería que aparece como contratante, esta vez nuevamente la de Economía, y a la figura de su consejera, Rocío Albert. "En su momento estuvo relacionada con aquel fraccionamiento de contratos al ser la responsable de ese departamento en la legislatura anterior", recuerda. La semana pasada, Más Madrid pedía a la Cámara de Cuentas la fiscalización de los acuerdos que la Comunidad había cerrado con...
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