Cope Zaragoza
La regularización extraordinaria que podría beneficiar a medio millón de inmigrantes ha generado numerosas dudas sobre cómo mantener el permiso de residencia una vez concedido. Para resolverlas, la abogada experta en extranjería, María Saavedra, ha abordado una de las preguntas más frecuentes en un vídeo de su cuenta de TikTok: "¿Cuánto tenéis que trabajar para poder mantener ese permiso de residencia el año que viene?". El Consejo de Ministros ha aprobado un proceso que exige como requisito fundamental demostrar la llegada a España antes del 1 de enero de 2026 y una residencia continuada de cinco meses. Como se detalla en la guía para entender la regularización extraordinaria de migrantes, los solicitantes deben carecer de antecedentes penales y cumplir requisitos adicionales, como presentar una oferta de trabajo, tener hijos menores a cargo o certificar una situación de vulnerabilidad. Saavedra diferencia varios supuestos. En primer lugar, explica que aquellas personas que han solicitado la regularización aportando un precontrato de trabajo, "lo suyo es que ese precontrato se dé ya de alta". Advierte que si la oferta se retira, es crucial buscar otro empleo rápidamente, ya que "al momento de la resolución favorable, si lo habéis hecho a través de una oferta laboral, van a mirar que estéis trabajando". Para quienes han iniciado el trámite por unidad familiar o con un certificado de vulnerabilidad, la letrada aclara que no existe una "obligación inmediata" de trabajar. Sin embargo, subraya que la autorización habilita para ello y que, para poder modificarla en el futuro, será imprescindible haber trabajado. Lo más habitual, según la abogada, es que esta autorización por circunstancias excepcionales se modifique a una del régimen general, ya sea por cuenta ajena o propia. "El supuesto más común para modificar es haber trabajado como mínimo 3 meses en el periodo de un año y, al momento de renovar, estar dados de alta en la Seguridad Social", detalla. Si en ese momento no se está de alta, es válido estar inscrito como demandante de empleo. Existen también supuestos para prorrogar el permiso sin haber trabajado, como en el caso de hijos mayores de edad que están estudiando. La abogada señala que la primera opción es "estar inscritos como demandantes de empleo al momento de la prórroga", lo que permitiría una extensión por un año. Esta vía también es válida para personas en edad de jubilación, con incapacidades acreditadas o quienes presenten un informe de esfuerzo e integración social. En resumen, aunque trabajar no es "estrictamente obligatorio", sí "es lo ideal y tenemos el deber de hacerlo", concluye Saavedra. La jornada laboral es indiferente, pero recomienda "trabajar el máximo tiempo posible". Su consejo final es claro: "Antes de tomar decisiones laborales, ponte en contacto con tu abogado, porque inscribirte o no como demandante de empleo puede determinar si el día de mañana puedes modificar o prorrogar tu residencia". El proceso de solicitud, abierto del 16 de abril al 30 de junio de 2026, ha generado una alta demanda, provocando largas colas en oficinas como las del Consorcio Regional de Transportes de Madrid para obtener certificados. Aunque la regularización de migrantes se estabiliza tras el caos inicial, el volumen de trabajo es enorme, con una estimación de 750.000 solicitudes y el apoyo técnico de Tragsa. Un requisito clave, incluido por sugerencia del Consejo de Estado, es el certificado de antecedentes penales. El Gobierno ha flexibilizado los plazos, pero su ausencia impide la regularización. Xavier Parra, representante de redes en el proceso, ha advertido de su importancia: "Se van a dar varias posibilidades para conseguir esos certificados de penales, pero finalmente, si no llegan los penales, pues no se va a poder proceder a la regularización". La medida ha sido celebrada por 150 entidades colaboradoras, entre ellas organizaciones sociales y sindicales. Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha valorado positivamente la regularización, aunque ha lamentado que no se haya tramitado en el Parlamento, recordando la postura que ha mantenido la Iglesia en este ámbito.
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