Cope Zaragoza
El Gobierno de España ha comenzado a abonar las ayudas a los ayuntamientos de Córdoba afectados por el frente de borrascas que azotó Andalucía entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. A día de hoy, 37 municipios de la provincia ya han recibido un total de 49 millones de euros, correspondientes al anticipo del 100% de la subvención para paliar los graves daños sufridos. Las tormentas provocaron más de 2.000 personas desalojadas en la provincia y múltiples daños en viviendas e infraestructuras. En respuesta, el Ejecutivo aprobó el Real Decreto Ley 5/2026 el pasado 17 de febrero, movilizando más de 7.000 millones de euros para las zonas afectadas en Andalucía y Extremadura. De esta cantidad, 2.000 millones se destinaron específicamente a las entidades locales. En la provincia de Córdoba, 55 de las 56 entidades locales catalogadas como gravemente afectadas solicitaron las ayudas, sumando un total de 71,8 millones de euros. La Subdelegación del Gobierno ya ha certificado y tramitado 54 de estas solicitudes. El único municipio que no ha solicitado la ayuda ha sido Pedroche. Entre los importes más destacados se encuentran los de Palma del Río, con 13,4 millones de euros; Montoro, con más de 7 millones; Añora, con 3,3 millones; o Villafranca, con 2,2 millones. Los fondos cubrirán el 100% de los daños en reparación de calles, caminos, edificios municipales y obras de prevención de futuras inundaciones. El abono de las ayudas se está realizando con gran celeridad, ya que según se ha informado, "el ingreso está siendo prácticamente inmediato" tras la comunicación de la resolución. Este sistema de anticipo del 100% evita problemas de tesorería a los ayuntamientos, especialmente a los más pequeños, que no tienen que aportar fondos propios para iniciar las obras. Las ayudas suponen "una oportunidad para impulsar infraestructura histórica en los ayuntamientos" que difícilmente podría ser asumida con presupuestos propios. Además, se espera que la contratación de las obras genere un "revulsivo económico y de generación de empleo" en los municipios beneficiados. Los ayuntamientos disponen de un plazo de ejecución de 36 meses para completar los proyectos. Para facilitar la gestión, el Gobierno ha flexibilizado la regla de gasto, de modo que estos fondos no computan dentro del límite establecido, y ha permitido utilizar el superávit correspondiente a 2025.
Go to News Site