Cope Zaragoza
Una nueva modalidad de ocupación se extiende por Mallorca y tiene en el punto de mira las villas y chalets de lujo. Desde el verano pasado, se han registrado más de 200 casos de inquilinos que, tras acceder legalmente a una vivienda con un contrato de alquiler, dejan de pagar y exigen grandes sumas de dinero para abandonar la propiedad. Se trata de una práctica calificada como una nueva forma de extorsión inmobiliaria que ha generado una gran alarma en la isla, según explica el abogado Fausto Oviedo, presidente de la asociación Proderecho de la propiedad privada de Baleares. Según el abogado, no es un fenómeno nuevo, pero sí es novedoso que “cada vez se multiplica más el número de casos”. Oviedo lo atribuye a que “el sistema español favorece el incumplimiento de los contratos”, lo que ha provocado un “efecto llamada” amparado en la “sensación que da España de impunidad absoluta”. Los delincuentes han puesto el ojo en este tipo de inmuebles de lujo porque, según el experto, “cuanto más es el valor del inmueble, pues más alto es el valor de rescate”. Las cifras, además, serían “de mínimos”, ya que la mayoría de estos casos no llegan a los juzgados. “El propietario lo que intenta es cuanto antes recuperar su patrimonio”, explica Oviedo. Ante un patrimonio elevado, el interés principal es recuperar la propiedad y evitar daños, por lo que muchos optan por negociar un pago sin denunciar, lo que provoca que “estadísticamente, no figuran”. Muchos propietarios acaban pagando para recuperar su casa. Oviedo ha bautizado esta práctica como “secuestro de vivienda”, porque “básicamente es lo mismo que el secuestro de una persona, solo que con un bien inmueble”. La prioridad del dueño es “salir lo mejor bien parado posible”, aunque eso suponga que el delincuente no tenga repercusiones penales. Si el caso llega a los tribunales, la espera es larga. La media para recuperar una vivienda por la vía judicial es de 2 años, un tiempo durante el cual los ‘inquiokupas’ pueden disfrutar del inmueble. Al tratarse de una acción civil y no penal, las medidas cautelares son más lentas y complejas, lo que agrava el “atasco importante” que ya sufre la justicia en España. El perfil de estos ‘inquiokupas’ es muy variado. Según Oviedo, se trata de “toda suerte de estafadores, caraduras, fraudulentos” de todas las nacionalidades y tipos sociales. La idea de que el extranjero era más de fiar ha desaparecido; ahora muchos son “extranjeros de países de primer orden” y mafias internacionales que han visto en la debilidad jurídica de España una oportunidad. La prevención para los propietarios es “muy complicada”, ya que es difícil saber si un inquilino actuará de buena fe. Esta situación de indefensión, donde parece que “si tú incumples contratos en España, pues te vuelves a tu país y no pasa nada”, está provocando la retirada de inmuebles del mercado del alquiler por el pánico de los dueños.
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