ABC
El Ayuntamiento de Barcelona «está retrasando con argucias legales» el pago de la indemnización al cocinero Manuel Escribano, despedido en enero de 2024 por no acreditar el conocimiento del catalán tras más de 17 años de experiencia en su puesto de trabajo. Una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), adelantada por ABC, declaró en enero de 2026, nulo su despido y dio al Consistorio la opción de readmitir al trabajador en su mismo puesto de trabajo o pagarle una indemnización. Se decantó por lo segundo, aunque, según denuncia el afectado, el plazo para abonar la cantidad que le corresponde concluyó el pasado 26 de marzo y el gobierno municipal aún no le ha abonado nada. El Consistorio presentó un recurso de queja ante el Tribunal Supremo (TS) el pasdo 17 de febrero pero el Alto Tribunal no lo aceptó; por lo que un mes después a dos días solo de expirar el plazo para el pago de la indemnización inició un nuevo recurso ante la Sala de lo Social del mismo tribunal. «A día de hoy, sigo esperando una indemnización que no llega, atrapado en un laberinto de silencios y falsedades que clama al cielo. Es una auténtica desvergüenza cómo se está gestionando este asunto, alargando el sufrimiento de quien solo reclama lo que por ley y justicia le corresponde. Quieren minarme la moral», denuncia Manuel en declaraciones a este diario. «Para colmo del cinismo, -apunta el cocinero- esta situación se está permitiendo bajo la gestión de un alcalde socialista». «A esos que se les llena la boca en los mítines diciendo que defienden al trabajador y que son el escudo de los vulnerables, les debería dar profunda vergüenza lo que está ocurriendo bajo su Gobierno. ¿Dónde está la defensa del trabajador cuando la realidad aprieta? ¿Dónde está el apoyo a los profesionales de la cocina que se ven desprotegidos ante los abusos? Su silencio y su inacción los convierte en cómplices de esta injusticia », concluye Escribano. Después de más de 17 años trabajando como cocinero en el Ayuntamiento de Barcelona, Manuel Escribano se vio obligado a abandonar los fogones del Consistorio en enero de 2024 por no acreditar el conocimiento del catalán. Le exigieron un nivel B2 (intermedio) para renovar el contrato y no lo pasó. Asesorado por Convivencia Cívica Catalana (CCC), el cordobés llamó a la puerta de la Justicia pero en marzo de 2025 los tribunales avalaron su despido alegando que la exigencia del catalán no es «desproporcionada». Un año después, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declaró «improcedente» su cese. En la sentencia, que avanzó ABC, el juez estimaba en parte el recurso de suplicación interpuesto por Escribano contra la sentencia anterior (del Jugado de lo Social numero 32 de Barcelona), dictada el 4 de marzo de 2025, «revocándola y acordando, en su lugar, estimar parcialmente la demanda, y declarar improcedente el despido del demandante». El juez condenaba, asimismo, a la entidad demandada a «estar y pasar por este pronunciamiento, y a que readmita al demandante en su mismo puesto de trabajo y en iguales condiciones a las que regían la relación laboral con anterioridad al despido, con abono de los salarios de tramitación, a razón de 94,52 euros brutos diarios, con devolución, por el trabajador, de la indemnización ya percibida; o, a opción de la entidad demandada, que deberá ejercitar en el improrrogable plazo de cinco días, ante esta Sala de lo Social del TSJC , a que pague al trabajador una indemnización en cuantía de 58.696,92 euros, con compensación de la ya abonada». La resolución apuntaba que suspender la prueba de catalán en un proceso de estabilización no puede utilizarse como excusa para despedir a un trabajador, cuando la plaza no ha sido cubierta por ningún otro aspirante ni ha sido amortizada conforme a la ley. El tribunal recordó que la Ley 20/2021 no crea nuevas causas de despido y rechaza el uso de los procesos selectivos como mecanismos automáticos de expulsión laboral. En enero de 2026, en un escrito, dirigido a la Sala de lo Social del TSJC y consultado por este diario, el Ayuntamiento constató al tribunal que optaba «por el abono de la indemnización, y, en consecuencia, por la extinción de la relación laboral». Le correspondía abonarle 58.696,92 euros de indemnización, aunque Manuel todavía no ha recibido nada.
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