Onda Cero
La respuesta, según los investigadores, alcanzaba lugares que pocos imaginaban: los despachos de la cúpula de la propia Guardia Civil, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado, la sede del PSOE en la calle Ferraz y, según algunos testimonios incorporados a la causa, directamente La Moncloa. En el plano jurídico, la presunción de inocencia ampara a todos los investigados. Pero estamos todavía en una fase inicial de la investigación. Los indicios, sin embargo, son relevantes. Detrás hay meses, incluso años, de trabajo de la UCO, de la Fiscalía Anticorrupción y del juez instructor. Pedraz acaba de levantar el secreto de sumario sobre buena parte de la causa. La instrucción continúa y mantiene una pieza separada declarada secreta. Tampoco se descartan nuevas imputaciones, incluso de personas aforadas. Pero, por el momento, seguimos en el terreno de los indicios. Sin embargo, en el plano político, la magnitud de lo documentado exige un debate sin anestesia. Lo que describen los informes —con independencia de cuál sea el desenlace judicial— es una presunta arquitectura destinada a interferir en procedimientos judiciales que, de confirmarse, representaría una de las mayores amenazas a la separación de poderes en la historia democrática reciente de España. No se trata de la corrupción clásica, del pelotazo urbanístico o de una adjudicación irregular. Se trata, en esencia, de una presunta colonización de los mecanismos de control del Estado. De interferir en procesos judiciales y de intentar influir, según la investigación, en policías, guardias civiles, jueces y fiscales. Todo ello mediante facturas supuestamente falsas y, siempre según la hipótesis de los investigadores, con fondos procedentes del Partido Socialista. La implicación de la cúpula de la Guardia Civil es, en este sentido, uno de los elementos más perturbadores. La UCO es la unidad de élite encargada de investigar los grandes casos de corrupción en España. Si su cadena de mando hubiera sido utilizada para obstaculizar sus propias investigaciones, el daño institucional iría mucho más allá de las personas señaladas. Afectaría a la credibilidad del modelo de policía judicial en su conjunto. Que la directora general de la Guardia Civil —nombrada por el Ministerio del Interior— se reuniera con la denominada "fontanera" de Ferraz pocas semanas después de asumir el cargo, y que esas comunicaciones se realizaran mediante mensajes configurados para autodestruirse, es un hecho que difícilmente puede despacharse únicamente con un comunicado político. La estrategia del Gobierno de atribuir todo a "comportamientos individuales" choca frontalmente con lo que los propios informes de la UCO describen: una estructura presuntamente coordinada, financiada con recursos del partido, con niveles jerárquicos diferenciados y con un objetivo institucional definido. No sería la actuación aislada de "farsantes" o "resentidos", sino, según la tesis de los investigadores, una operativa organizada con capacidad para afectar a distintas estructuras del Estado.
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