El Plural
Expertos en prevención de riesgos laborales han alertado de que el anteproyecto de ley impulsado por el Ministerio de Trabajo para modificar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Estatuto de los Trabajadores y el Reglamento de los Servicios de Prevención podría tener consecuencias relevantes sobre el funcionamiento del sistema preventivo español, al introducir cambios organizativos que afectan especialmente al papel de los Servicios de Prevención Ajenos (SPA), modalidad utilizada por la mayoría de las empresas del país. Según diversos análisis técnicos, la reforma va más allá de la adaptación de la normativa a nuevos riesgos laborales y plantea una modificación de la estructura preventiva vigente desde hace tres décadas. Los expertos consideran que algunas de las medidas incluidas en el texto podrían incrementar los costes empresariales, aumentar la carga organizativa y generar tensiones en un mercado de profesionales especializados que ya presenta dificultades para cubrir la demanda existente. El sector coincide en que la legislación necesitaba actualizarse para responder a retos como la salud mental, los riesgos psicosociales, la digitalización, el envejecimiento de las plantillas o los efectos del cambio climático. Sin embargo, los especialistas sostienen que el eje principal del anteproyecto se centra en reforzar los recursos preventivos internos de las empresas, modificando el equilibrio entre medios propios y servicios externos. Uno de los aspectos que más debate ha generado es la nueva regulación de la figura de la persona trabajadora designada. El anteproyecto establece que esta figura deberá existir incluso cuando la empresa tenga concertada toda su actividad preventiva con un Servicio de Prevención Ajeno. Además, introduce requisitos mínimos de dedicación, formación y coordinación que, según los expertos, suponen nuevas obligaciones organizativas para las compañías que optan por la externalización. Los análisis consultados consideran que esta medida encarece el modelo preventivo basado en servicios especializados externos al obligar a destinar recursos internos adicionales. Las estimaciones realizadas por profesionales del sector sitúan el coste adicional para micro y pequeñas empresas entre 8.000 y 10.000 euros anuales. A ello se suma la incertidumbre que algunos expertos detectan en torno al reparto de responsabilidades entre empresario y trabajador designado, una cuestión que podría requerir futuras aclaraciones normativas o judiciales. Más servicios propios Otra de las modificaciones más relevantes afecta a los umbrales que obligan a constituir un Servicio de Prevención Propio (SPP). El anteproyecto reduce de 500 a 300 trabajadores el límite general para las empresas que no desarrollan actividades especialmente peligrosas y de 250 a 150 trabajadores para aquellas incluidas en el Anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención, que engloba sectores de mayor riesgo como la construcción, la industria química o la minería. Además de rebajar estos umbrales, la reforma incrementa el número mínimo de especialidades preventivas que deberán integrarse en los servicios propios y refuerza los requisitos organizativos exigidos. Según los expertos, estas medidas obligarán a numerosas empresas medianas a incorporar recursos especializados adicionales, con costes que en algunos casos podrían superar los 150.000 euros anuales. Más allá del impacto económico, uno de los...
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