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Las comunidades de vecinos y empresas especializadas en mantenimiento de piscinas deberán contratar únicamente a profesionales con la nueva cualificación oficial SEA757_2 a partir del 2 de enero de 2027, según establece la normativa aprobada por el Gobierno. El incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones económicas que oscilan entre los 3.000 y los 600.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción y sus consecuencias para la salud pública. La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha acordado una prórroga de carácter excepcional que traslada la entrada en vigor de esta regulación hasta principios de 2027.
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