El Plural
Desde el pasado mes de febrero hasta hoy, en apenas cuatro meses, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tratado de dar marcha atrás en leyes o medidas impulsadas por el Gobierno regional y que han despertado numerosas críticas por parte de la oposición y del conjunto de la ciudadanía. Si esta semana, la presión ejercida por los enfermos de ELA forzaba al Gobierno autonómico a retirar el copago impuesto a las subvenciones, durante los últimos meses el Ejecutivo de Ayuso ha hecho también lo propio en otras materias como con la Ley de Universidades o el Plan Estatal de Vivienda. "Por suerte, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid han encontrado la solución técnica y jurídica para poder pagar íntegramente las prestaciones económicas en nuestra región", anunciaba este miércoles el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín. Sin embargo, lo que desde Sol atribuyen a un logro de los "servicios jurídicos", la realidad refleja que detrás de este cambio de guion hay un amplio descontento entre los pacientes graves de ELA que alzaron la voz contra el Ejecutivo regional poco después de conocerse que -inicialmente- iban a aplicar el copago. En unas conversaciones a las que pudo acceder El País, los enfermos de ELA se mostraban notablemente enfadados por la decisión tomada por el Ejecutivo regional con la que aplicaban una rebaja de hasta el 40% sobre la subvención cercana a los 10.000 euros aprobada en la ley y ratificada en el Congreso de los Diputados. De esta forma, con este copago, los pacientes más graves pasarían a percibir una ayuda inferior a los 6.000 euros. Pese a que hora, con este giro, desde Sol celebran que sus servicios jurídicos hayan logrado que estos pacientes reciban la totalidad de la ayuda, al anunciar en un principio que aplicarían el copago, desde el Ejecutivo de Ayuso volcaron la totalidad de la responsabilidad en el Gobierno central y la Ley ELA, defendiendo que es esta norma la que permite que cada comunidad pueda decidir si aplica o no el copago. Sin embargo, por ese mismo motivo, desde el Gobierno advirtieron de que hay muchas comunidades autónomas que han decidido no aplicarlo, como es el caso de la Comunidad Valenciana, Castilla y León o Cataluña. Además, la Comunidad de Madrid -como subrayó la ministra de Sanidad, Mónica García- es "la más rica de España". "Hemos aprobado ayudas de hasta 9.850 euros al mes y pretenden que los pacientes paguen de su bolsillo el 40%. Este es el modelo de Ayuso", lamentó la responsable del ramo. No obstante, este cambio abrupto de decisión en las filas del Gobierno autonómico no es el primero que se da en los últimos meses. A finales del mes de abril, mientras desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez daban luz verde al paquete de medidas para abordar la crisis de vivienda, desde Sol lo tildaban de "un instrumento para recentralizar competencias". Unas palabras que cambiarían por completo de color en tan solo 24...
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